Nos roban y de frente. La emergencia desnudó al sistema de compras públicas del Ecuador; es momento de admitir que fracasó y requiere transformaciones urgentes. De los $ 30.000 millones del presupuesto anual del Estado, el 30 % ($ 9.000 millones) se destinan para pagar sueldos de medio millón de funcionarios, el 70 % restante se consume en todas las entidades estatales entre pago de servicios básicos, gastos administrativos y compras públicas, desde contratar un cambio de aceite para vehículos, medicinas, libros escolares hasta millonarias obras y proyectos. ¿Debemos seguir confiando esta cantidad de plata al actual sistema que ha permitido compras con sobreprecio, acuerdos bajo la mesa y varios contratos para una misma familia? Veamos:

1. Sistema fallido. El Servicio de Compras Públicas (Sercop) dice que es una ventana abierta para que la ciudadanía vigile los procesos. Cuando la prensa pregunta qué hacen cuando reciben una denuncia, la respuesta es fácil: “remitimos a la Contraloría General del Estado (CGE) y Fiscalía General de la Nación”. Estas dos instituciones tienen que actuar de oficio, pero están colapsadas de casos, y por lo general son reactivas, se presentan en respuesta a denuncias muchas de las veces cuando el delito ya está consumado y el perjuicio hecho. La sanción es clave para que no exista impunidad, pero el reto es prevenir la corrupción porque luego es difícil recuperar lo robado.

2. Volver al control previo. Es indispensable contar con una regulación minuciosa antes de que se entreguen los recursos al contratista. Los casos que hoy nos indignan y llegan a ser públicos son por denuncias de la prensa o de la ciudadanía, pero ¿alguien está pendiente de lo que contratan 221 municipios, 23 prefecturas, cientos de gobiernos parroquiales y todos los poderes del Estado? ¿qué pasa cuando no se denuncia? Nada, se firma el contrato con posibles anomalías y resta esperar a que la Contraloría haga una auditoría en años posteriores y, así se determinen glosas y sentencias con multas, no tenemos la certeza de que se recupere ese dinero. La Secretaría Anticorrupción (ya extinta) publicó en el 2019 una lista de más de $ 900 millones de sentencias por glosas resultado de auditorías de la CGE que no se han recuperado. Muchos de los involucrados no están en el país. El sistema actual representa eso, no es posible mantener la esperanza en resarcir el daño cuando los procesos judiciales son interminables. En casos penales por corrupción es igual, jueces sentencian reparación al Estado sin que esto se cumpla a plenitud. Por ello, la transformación legal al sistema debe ser integral, desde capacidad de prevención, control previo y potestad sancionadora al Sercop y a la CGE.

3. Exigir resultados. Según la Constitución de Montecristi, las competencias de lucha contra la corrupción la están asignadas directamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en esta emergencia ha brillado por su ausencia. Tienen casi 300 funcionarios y están en todas las provincias del país, tras doce años de su creación ya deberíamos tener políticas claras de prevención de la corrupción. Si en este tiempo no lo han logrado, esta institución debe eliminarse para buscar otras alternativas que sean parte de la transformación a este sistema fallido.

Hay países que han logrado arrancar la corrupción tras largos años de combate, con el compromiso de actores políticos, instituciones y ciudadanía. La comunicación transforma, necesitamos campañas masivas para sensibilizar y educar. También requerimos movilización ciudadana, a veces nos alarmamos cuando nos roban en la calle, cuando lo que se llevan por corrupción es inimaginable y más grave porque atenta contra el cumplimiento de derechos fundamentales. No es un hurto, la corrupción se siente y de forma letal. ¿Nos faltan recursos para salud y educación? Alguien se llevó esa plata.

*El autor: Asesor de comunicación. Tiene estudios en comunicación y marketing en centros académicos de Ecuador, Cuba y España.