La emergencia sanitaria que hoy vivimos nos ha obligado a pensar sobre la necesidad de fortalecer sistemas prioritarios como salud, educación y seguridad, sistemas que deben estar fuera de las leyes del mercado y deben ser garantizados por el Estado. Sin duda, la pandemia ha puesto en jaque a todo el mundo, pero en nuestro país, el virus ha transparentado y profundizado una crisis que va desde el tema sanitario hasta político y económico; con tristeza evidenciamos lo frágil que puede llegar a ser un sistema si un gobierno sataniza el gasto público en lugar de optimizarlo, imponiendo medidas que poco o nada tienen de humanitarias, todo lo contrario, vemos que se utiliza la emergencia como cortina de humo para malversar los pocos recursos que nos quedan.

Fuimos espectadores de una tragedia que perdurará en nuestra memoria y en la historia del Ecuador para siempre, con impotencia vimos a cada ecuatoriano que clamaba por atención ante un sistema totalmente colapsado, vimos llorar la pérdida de un ser querido y en el peor de los escenarios, cuerpos desaparecidos sin nadie que pueda dar razón de ello, incluso personal de salud en las calles exigiendo equipos de protección para poder salvar vidas. Pero mientras todo eso sucedía, puertas adentro se negociaba y adjudicaba generosos contratos de insumos médicos con sobreprecio de hasta el 9000%, se estaban enriqueciendo a costa del dolor ajeno; nos hicieron creer que no habían los recursos necesarios para potenciar los sistemas de salud como respuesta urgente ante el paso inexorable de la pandemia; ahora vemos que recursos para pagar con sobreprecio sí hubieron. ¿Cuántas vidas pudieron haberse salvado si hubieran actuado con honradez y lealtad a su propio país?

Es indudable la necesidad de recursos durante una emergencia, lo que debemos cuestionar es el destino de ésos recursos, ¿Realmente están llegando a los sectores más vulnerables o únicamente sirven para costear todo el andamiaje lleno de corrupción que hoy se devela? Cada vez es mayor la decepción, allanamiento tras allanamiento, se evidencia la institucionalización de la corrupción en todos los niveles, que sumado a la falta de acceso a servicios básicos para garantizar derechos mínimos en la población, se crea un escenario que tiene tanta o más trascendencia que el propio virus.

Lo que nos resta es mantener la esperanza de que se hará justicia; una justicia que sea independiente del poder político, que no esté contaminada de procedimientos oscuros o linchamientos mediáticos, no una justicia que sea utilizada para saldar cuentas personales o que busque eliminar al adversario político de turno, sino una justicia que garantice que ningún ciudadano por más poderoso que sea este exento de la igualdad ante la ley, una justicia que envíe un claro mensaje a la ciudadanía: los recursos del país son sagrados y quien se sirva de su cargo para llenar sus bolsillos lo único que le puede esperar es la cárcel.

Finalmente el pueblo se quita la venda de los ojos y asume la responsabilidad de pensar dos veces antes de volver a dar el voto a los mismos de siempre, porque todo inicia allí; nunca más quienes llegan a la función pública no para servir al país como lo dicen en campaña, sino a servirse de él. Es necesario que elevemos nuestra voz para nunca más dar paso a la indolencia, la inoperancia y la viveza criolla, no solo de quienes nos roban, también de quienes callan teniendo la obligación de hablar, quienes miran a otro lado para no incomodarse teniendo la obligación de fiscalizar y actuar; quienes claramente hoy le dan la espalda al país.

Reconocemos que a la mala hemos aprendido la lección de lo que implica elegir como autoridades a quienes no tienen la mínima idea de lo que significa servir. Hoy debemos poner punto final a ésta triste historia y reconstruir un país que ha quedado totalmente fragmentado; hoy más que nunca debemos estar unidos, arrimar el hombro, mostrar la solidaridad que nos caracteriza pero también la firmeza que se requiere para avanzar con optimismo y construir un nuevo país digno para todos los ecuatorianos.

Ing. Karina Michelle Torres Sánchez.