La lista de medicamentos que podrían ayudar a curar la covid-19 se reduce. Después de la hidroxicloroquina, los ensayos clínicos europeos Solidarity y Discovery también han abandonado el tratamiento lopinavir/ritonavir por su ineficacia y sus efectos secundarios. Tras esta decisión, los ensayos se reducen a un solo medicamento, el remdesivir, que acaba de obtener la luz verde condicional de la Unión Europea.

A finales de junio se abandonó otro importante ensayo clínico, el Britannique Recovery, de los antivirales lopinavir y ritonavir, utilizados en el tratamiento contra el virus del sida. La misma suerte corrió el sábado el ensayo Solidarity que organizaba la Organización Mundial de la Salud (OMS) en asociación con Discovery realizado por franceses.

La OMS también descartó el 17 de junio la hidroxicloroquina. “Los resultados preliminares muestran que la hidroxicloroquina y la asociación lopinavir/ritonavir reducen poco o nada la mortalidad de los pacientes hospitalizados por covid-19 con relación a los cuidados estándar”, justificó la OMS en un comunicado. De hecho, el ensayo Discovery ha demostrado que los efectos secundarios en la función renal en pacientes que toman lopinavir/ritonavir "son significativamente más altos”, indicó en un comunicado el organismo de investigación francés que organiza este ensayo, Inserm.

En particular, “en los pacientes hospitalizados en reanimación”, agrega el Inserm. Según la OMS y el Inserm, todos estos resultados serán publicados en una revista científica. Aunque decenas de tratamientos contra la covid-19 están siendo evaluados en el mundo, ninguno ha mostrado hasta el momento gran eficacia, con excepción de un esteroide, la dexametasona, en los enfermos más graves.

Según resultados del ensayo Recovery, la dexametasona reduce la mortalidad en los enfermos más graves, que están con ventilación artificial. Por su parte, el remdesivir logró el 3 de julio la autorización para su uso condicional en la UE tras recibir la luz verde de la Comisión Europea.

Según un estudio estadounidense, este antiviral inicialmente desarrollado para luchar contra la fiebre hemorrágica del ébola reduce ligeramente la duración del restablecimiento de los enfermos de covid-19 hospitalizados (de 15 a 11 días de promedio). En cambio, no ha mostrado beneficios en lo que respecta a la reducción de la mortalidad.

Fuente: El Comercio

República Dominicana realizó sus elecciones presidencialaes y parlamentarias el domingo pese a la pandemia de coronavirus.

El opositor Luis Abinader fue el vencedor y marca un viraje político que pone fin a 16 años en el poder del centroizquierdista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Abinader, candidato del socialdemócrata Partido Revolucionario Moderno (PRM), concentraba 52,51% de los votos contabilizados por la Junta Central Electoral (JCE) con 82,96% de los centros de votación computados, según data oficial consultada este lunes.

Gonzalo Castillo, aspirante del PLD de Medina, reconoció la victoria de su principal rival la noche del domingo. Acumula en los conteos 1 288 458 votos, equivalentes a 37,69%.

"Ganamos, hoy ganamos", festejó Abinader frente a decenas de partidarios en su comando de campaña en Santo Domingo. "Es el cambio por el que votó el pueblo dominicano", agregó el empresario de 52 años, quien asumirá la presidencia el próximo 16 de agosto.

El conteo "demuestra que hay una tendencia irreversible y que a partir de ahora tenemos un presidente electo (...). Nuestras felicitaciones al licenciado Luis Abinader", expresó Castillo.

El expresidente Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012), quien se había postulado por un movimiento propio que fundó tras romper con el PLD, totaliza 298.061 votos según la data más reciente, un 8,72%. Reconoció también el triunfo de este hombre de negocios.

"Felicitamos" a Abinader "por haber sido electo presidente de la República, para el período 2020-2024, con el voto mayoritario del pueblo dominicano", escribió Fernández en Twitter.

El presidente Medina igualmente aceptó esa victoria. "Extendemos por esta vía nuestra felicitación al nuevo presidente electo @LuisAbinader", tuiteó.

Las votaciones dominicales estuvieron marcadas por la pandemia de COVID-19, en medio de una explosión de casos en la isla caribeña. Los votantes acudieron a los centros de votación utilizando mascarillas y guardando dos metros de distancia en las filas.

Unos 7,5 millones de dominicanos estaban convocados a elegir presidente, vicepresidente, 32 senadores, 190 diputados y 20 representantes en el Parlamento Centroamericano.

La JCE aún no proclama formalmente a Abinader, que requiere 51% de los votos para ganar en primera vuelta.

Récord de contagios

Las elecciones estaban inicialmente previstas para el 17 de mayo, pero fueron pospuestas debido a la pandemia.

Dominicana rompió el domingo su récord de número de contagios diarios, con 1241 casos reportados, según las autoridades sanitarias. El sábado, la cifra de casos diarios había superado por primera ocasión el millar.

El país, desde el primer contagio el pasado 1 de marzo, registra 37 425 casos y 794 muertes por COVID-19.

Un miembro de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que viajó a la isla desde Washington, "dio positivo" por coronavirus y se encuentra "aislado", informó el ente continental en Twitter.

Las elecciones fueron supervisadas por 151 observadores internacionales.

No se vieron grandes aglomeraciones a lo largo de la jornada, meta trazada por la Junta Electoral frente a la pandemia.

Maribel Román, una asesora de negocios de 47 años que acudió a las urnas, comentó que el proceso fue "bastante fluido y muy bien organizado".

Las votaciones se desarrollaron con normalidad, a excepción de un incidente aislado que dejó un muerto y un herido en Santo Domingo, cuando una discusión derivó en "un tiroteo", informó la policía.

En elecciones previas en Dominicana se han registrado riñas políticas que terminan en violencia. En las municipales de febrero pasado, suspendidas por problemas técnicos, hubo dos fallecidos por disparos en Santo Domingo y Barahona (sur).

Desafío económico

La COVID-19 obligó a una declaratoria de emergencia nacional que estuvo vigente hasta el 30 de junio pasado.

El gran reto del nuevo gobierno girará en torno a la economía. Después de siete años de crecimiento en torno al 5% anual, el desafío será retomar ese dinamismo una vez pase la pandemia.

El nuevo coronavirus ha afectado una de las principales fuentes de ingresos del país, el turismo (8% del PIB), pues las fronteras se mantuvieron cerradas entre el 20 de marzo y el 30 de junio para frenar la propagación de la enfermedad.

En abril, el PIB registró una contracción de 29,8% sobre igual mes de 2019 debido al impacto de las medidas de confinamiento.

El gobierno entrante deberá igualmente afrontar el hartazgo por la corrupción, luego de que escándalos como los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht golpearan de lleno a Dominicana, que ocupa el lugar 137, entre 180 países, en el índice de Transparencia Internacional.

"Enfrentaremos los desafíos más difíciles de nuestra historia (...), la recuperación económica y recuperar la confianza en las instituciones democráticas", planteó Abinader.

Fuente: El Universo

En la continuación de la sesión del Pleno 674, prevista para este martes 7 de julio, a las 15h00, la Asamblea Nacional, en respuesta a la preocupación ciudadana, conocerá dos proyectos de resolución encaminados a convocar al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, e iniciar un proceso de fiscalización respecto a la entrega de carnés de discapacidad y el uso que se ha dado a los mismos, de iniciativa de las legisladoras Marcela Holguín y Elizabeth Cabezas.

También analizará la resolución del asambleísta Byron Suquilanda, quien exige que el secretario de Estado responda sobre el manejo e identificación de cadáveres en los diferentes hospitales públicos de la ciudad de Guayaquil, que están siendo almacenados en contenedores. Ante lo cual, demanda de las autoridades competentes una explicación diligente sobre el proceso que se lleva durante la emergencia sanitaria para la entrega respectiva de los cuerpos a sus familiares.

Reforma constitucional 

En el orden del día consta, además, la resolución de reformas constitucionales, de autoría del legislador Fabricio Villamar, que contempla siete temas: autosostenibilidad de las personas privadas de la libertad; modificar el voto obligatorio por facultativo; competencias de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, transfiriendo esas facultades a la Asamblea; reducción del número de integrantes del Legislativo (de 137 a 110); autonomía del Banco Central; modalidad de trabajo por horas; y, soluciones arbitrales de controversias en materia comercial.

Proyectos

El Pleno tramitará el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. En cambio, en segundo debate se dará paso a las reformas a la Ley de Transporte Terrestre y de Seguridad Social.

Declaración de Parlamentos Regionales

Adicionalmente, el Parlamento conocerá la resolución presentada por la legisladora Silvia Salgado, para Sumarse a la Declaración de los Presidentes de los Parlamentos Regionales de América  Latina Parlatino,  Parlandino,  Parlasur  y  Parlacen, emitido con fecha 24 de junio de 2020, para que la vacuna contra SARS CoV 2 (Covid-19) sea accesible para el mundo en forma gratuita.

Informe presidencial

Finalmente, entrará a discusión la resolución, expuesta por el parlamentario Pabel Muñoz, que delega a la Comisión de Participación Ciudadana el estudio del informe presentado por el presidente de la República, Lenin Moreno Garcés, el 24 de mayo. 

Asamblea Nacional

El presidente Lenín Moreno dio detalles del avance del proceso de renegociación de las condiciones deuda externa en bonos, que asciende a USD 17 300 millones. Este lunes 6 de julio del 2020, a través de su cuenta de Twitter, detalló que el Gobierno llegó a un acuerdo con el grupo más importante de tenedores.

La propuesta del Gobierno fue reducir en USD 1 500 millones la deuda, bajar el interés de 9,3% a 5,2% , ampliar el plazo en 10 años más y obtener 5 años de gracia para el pago del capital.

“Con esto liberaremos más de USD 16 000 millones en los próximos 10 años”, dijo. "Actuar con decencia trae grandes resultados. Logramos un acuerdo con el grupo más importante de tenedores de bonos", indicó el Mandatario.

Reducir la deuda en $1.500 millones, bajar el interés de 9.3 a 5.2%, ampliar el plazo por 10 años más y 5 años de gracia para pago de capital. ¡Con esto liberaremos más de $16.000 millones, en los próximos 10 años!

— Lenín Moreno (@Lenin) July 6, 2020

El proceso de reperfilamiento de estos papeles de deuda se inició el pasado 2 de junio del 2020. El Ejecutivo busca reducir las presiones de pago que generarán estos compromisos, cuyos vencimientos deberían comenzar a pagarse en el 2022. El primer paso en el proceso, que se inició en junio pasado, fue la presentación de información de la situación macroeconómica actual del país a los inversionistas.

Ashmore Group, un gestor de inversiones británico; el grupo HSBC, Goldman Sachs, Broadspan y Blackrock están entre los principales grupos tenedores de bonos ecuatorianos, de acuerdo con el portal especializado Bloomberg. En la primera etapa además se realizó la primera ronda de interacciones con los tenedores, para intercambiar retroalimentación de las expectativas, revisión de procesos y temas jurídicos.

La banca de inversión estadounidense Lazar Frères asesora al Gobierno de Ecuador en este proceso. En la segunda fase, que se inició este mes de julio del 2020 estaba previsto que se traten temas financieros y se anuncien los términos de modificación de la deuda, tras las negociaciones. Los tenedores deben votar para decidir si están de acuerdo con la propuesta, de ahí que en agosto se espera que el proceso culmine.

Fuente: El Comercio

A través de su cuenta de twitter, el precandidato presidencial y líder de CREO, Guillermo Lasso anunció que, junto a su equipo de trabajo, están preparando un proyecto para que “en los primero 100 minutos de gobierno podamos arreglar el desastre que hoy atravesamos”.

Lasso, quien ya confirmó su precandidatura presidencial para los comicios de febrero de 2021, propone presentar varios proyectos de Ley en la Asamblea Nacional desde el inicio de su mandato para que los tramite en 30 días.

“Un Gobierno como el nuestro presentará un Código de ética que prohíba el nepotismo. Vamos a terminar con la corrupción en el Ecuador”, sostuvo Lasso.

En este mismo marco, el político manifestó que lo primero que hará es reformar la Ley de Educación y “tener universidades libres para que los jóvenes ecuatorianos puedan estudiar lo que ellos quieran”.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) informa a la ciudadanía que en sesión No. 048- 2020, del viernes 3 de julio del presente año, dispuso iniciar una investigación rigurosa que sirva para iniciar acciones en el ámbito disciplinario u otras materias, sobre los hechos de conocimiento público, relacionados a la presunta obtención irregular de carnés de discapacidad por parte de servidores judiciales.

La investigación se realizará en el marco del primer eje de acción: “Lucha contra la corrupción” y se ampliará a todos los servidores de la Función Judicial que incluye Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública.

Este trabajo se lo realizará de manera articulada con el Ministerio de Salud Pública con el fin de verificar si la información y documentación presentada por servidores judiciales, para certificar su condición de discapacidad, fue obtenida de acuerdo a lo que establecen las disposiciones y requerimientos legales vigentes.

Con esta información y conforme a lo que establece el artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, se investigará si el ingreso y permanencia de los mencionados servidores se ajusta al marco normativo que rige en el país.

Adicionalmente, se oficiará al Servicio Nacional de Aduanas para que remita los datos de los servidores judiciales que, en uso de sus carnés de discapacidad, realizaron importaciones en los últimos años.

La presente investigación se desarrollará con base en las atribuciones contempladas en la Constitución que determina al CJ como órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

De encontrarse irregularidades, los resultados de la investigación serán remitidos a la Fiscalía y a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario para que se inicien las acciones penales y administrativas correspondientes.

El CJ no tolerará ningún acto de corrupción de los servidores judiciales y en marco de sus competencias, continuará construyendo un servicio de justicia para la paz social.

Consejo de la Judicatura

Situación compleja es la que atraviesan los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales, municipales, metropolitanos y rurales, así calificaron los representantes de las prefecturas, municipios y juntas parroquiales del país, al incumplimiento de las transferencias de recursos económicos y devolución de valores del Impuesto al Valor Agregado (IVA) adeudados por el Gobierno Central, en la Comisión de GAD presidida por el asambleísta Héctor Yépez.

El presidente la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Raúl Delgado, aseguró que la deuda del Gobierno Central a los GAD es de aproximadamente 900 millones, por concepto de presupuesto, devolución de IVA, competencias de patrimonio y Ley Especial Amazónica. Informó que han recibido un rubro que supera los 80 millones de dólares que no llegan ni a la décima parte de la deuda.

La situación es compleja y por ello los representantes de AME Regional 5 en Guayaquil se pronunciaron en señal de protesta. Nosotros como AME Nacional, el 15 de julio, planteamos dialogar con el Presidente de la República, para conocer la situación y, de ser el caso, realizaremos la demanda de inconstitucionalidad, manifestó. Informó que la situación, de seguir así, obligaría a los municipios a suspender varios servicios.

Pablo Jurado, presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope), por su parte, manifestó que a las prefecturas se les adeuda el 60% de recursos de marzo, así como el 100 % de los mismos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. Solo a las prefecturas se les adeuda más de 200 millones de dólares, comentó.

Señaló que la deuda por la devolución del IVA se han ejecutado como proyectos de inversión a través del Banco de Desarrollo (BdE), rubros que tampoco están disponibles, agregó.

El director Ejecutivo del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare), René Lucero, expresó que son 179 millones de dólares que deben percibir. Señaló que atraviesan la misma problemática y, en su caso, es compleja porque ese es el único recurso que reciben, puntualizó.

Aprobación de la moción

Tras la exposición de los representantes de los GAD, el presidente del organismo legislativo, Héctor Yépez, manifestó que respaldan a los gobiernos seccionales. Fue la legisladora Mónica Alemán, quien mocionó que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) califique la solicitud de juicio político contra el ministro de Economía, Richard Martinez, por el incumplimiento al pago de los GAD. Además, de respaldar la movilización de los 222 municipios del país y también, que la Comisión presente una acción judicial para exigir el pago a los GAD. La moción fue aprobada con seis votos a favor.

Ley de provisión de servicios de telecomunicaciones

En otro orden, la Comisión recibió la exposición del asambleísta Carlos Bergmann sobre el proyecto de Ley Orgánica para la provisión de servicios de telecomunicaciones, principalmente en los sectores rurales del país. El afán de esta propuesta es brindar beneficios para sectores rurales y fronterizos. La cobertura parroquial rural ha sido en un 16 % y esta debe ser ampliada, advirtió.

Dijo que el proyecto de ley cuenta con 10 artículos. Siete reforman la Ley de Telecomunicaciones y tres artículos el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). El objetivo del proyecto de ley es disminuir la brecha de analfabetismo digital, buscar la integración a través de la conectividad que es fundamental para el desarrollo de los pueblos.

El asambleísta Bergmann manifestó que los servicios de conectividad, de telecomunicaciones y radiodifusión, en la actualidad se suscriben contratos de adhesión, por lo que se busca, con la iniciativa, un contrato de servicio donde el beneficiario sea el usuario para no ser sometidos a las condiciones de operadoras. Se plantea un beneficio de doble vía, explicó.

También, que no se permita enajenar, traspasar o arrendar frecuencias. Sobre los costos dijo que en el techo tarifario de la prestación de servicios de telecomunicaciones, se debe evitar su variación en situaciones como las que se encuentra actualmente el país.

Manifestó que los GAD, de manera mandatoria, deberán revisar a la infraestructura de de las operadoras para evitar monopolios y mejorar la cobertura. También, se plantea transparentar la información con fines de recaudación a favor del Estado y en beneficio del usuario, entro otros aspectos que serán analizados en el marco del tratamiento de esta ley.

Los legisladores de la Comisión de GAD, coincidieron en que esta ley es positiva puesto que, con la actual situación que enfrenta el país en lo referido al teletrabajo y teleducación, la conectividad debe ser prioridad y garantizada en todo el país, más aún en sectores rurales y fronterizos. Agregaron que se debe proteger la infraestructura de los Infoncentros en el país.

Asamblea Nacional

La importación de vehículos exonerados de impuestos que realizaban Daniel Salcedo Bonilla y su grupo más cercano fue la que destapó un escándalo alrededor de la emisión de carnés de discapacidad que salpica incluso a la Asamblea Nacional, pero la Aduana del Ecuador ya había detectado meses atrás que el ingreso de automotores bajo esta modalidad se había incrementado.

La importación de carros que no pagaban impuestos subió 170 % entre 2018 y 2019. En 2019 se importaron 290 carros de lujo mediante el carné de discapacidad, según datos proporcionados a otro medio por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), ente que pese a una gestión de cuatro días y llamadas insistentes solo permitió este jueves el ingreso de un fotógrafo para hacer tomas del carro que Salcedo Bonilla importó y que está detenido en las bodegas de Fertisa.

En el mismo espacio estarían cerca de 40 vehículos que han sido importados por personas que cuentan con un carné de discapacidad.

Al fotógrafo de EL UNIVERSO solo se le permitió capturar con su cámara el carro de Salcedo, un Toyota Secoya Platinum, un vehículo que en Ecuador costaría $100 000.

Daniel Salcedo, quien está procesado por peculado por la venta con sobreprecio de bolsas para embalaje de cadáveres en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pagó unos 26 000 por ese carro en el exterior.
Junto a ese vehículo de alta gama está también un Camaro deportivo blanco que pertenecería a un amigo de Bonilla identificado como Andrés C.

El carro de Daniel Salcedo está en una bodega de Fertisa. Foto: Ronald Cedeño

Senae encontró irregularidades en el avalúo de los precios y ordenó el reembarco de estos vehículos, por lo que deberán regresar a Estados Unidos, donde fueron adquiridos.

En el 2018, según la Senae, se importaron 1639 carros bajo esta modalidad. En el 2019 la cifra casi se triplicó, fueron 4430 los vehículos ingresados exonerados de tributos.

El Ministerio de Salud fue alertado por la Aduana por el aumento de estas importaciones el año pasado. Esa cartera de Estado realiza una auditoría interna para determinar si los carnés cuentan con el sustento médico o no.

Esta información no fue proporcionada por la Aduana, pese a que este Diario solicitó por correo electrónico, tal como fue el pedido del personal de Comunicación Social.

La Aduana denunció en la Fiscalía esta importación ilegal y la Policía solicitó una listado al Ministerio de Salud para darle seguimiento caso por caso, mencionó el jefe de la Policía de Aduana, Marlon Rodríguez.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su Relatora Especial, Dubravka Šimonovic, felicitó al Ecuador y al Consejo Nacional Electoral, por sus logros en materia de participación política de las mujeres, así como la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y que será de aplicación para las Elecciones Generales 2021.

Dicho pronunciamiento forma parte del Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, de 20 de mayo de 2020, acerca de su vista al Ecuador. Durante su estancia en el país, Šimonovic mantuvo una reunión con la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint -quien impulsó las reformas a la Ley Electoral- y otras autoridades de las distintas funciones del Estado.

“No cabe duda de que el Ecuador ha iniciado el proceso de adopción de un marco jurídico progresista en materia de derechos humanos, que le permitirá responder a los importantes desafíos que enfrenta el país para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y lograr la igualdad de género, de conformidad con sus compromisos internacionales” señala Šimonovic al referirse a las reformas al Código de la Democracia, que se introdujeron durante su visita oficial al Ecuador (del 29 de noviembre al 9 de diciembre de 2019) y se aprobaron en febrero de 2020.

Las Reformas al Código de la Democracia, cuya aprobación histórica fue impulsada por el CNE, actores sociales y políticos del país, se publicaron en el Registro Oficial el pasado 3 de febrero de 2020 y se encuentran vigentes para las Elecciones Generales de 2021. Plantean, entre otros aspectos, la sanción a la violencia política de género, así como la obligación de que las organizaciones políticas inscriban las listas para elecciones pluripersonales y unipersonales bajo criterios de paridad e inclusión generacional.

CNE