El Consejo de la Judicatura (CJ) recibió, este miércoles 29 de julio de 2020, una donación de equipos informáticos por parte de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés).

La donación de los mencionados equipos (20 computadores laptop) permitirá reforzar el trabajo de la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del CJ, en cuanto a la investigación de denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción.

El acta de entrega – recepción de la donación fue firmada por la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado; el Director General de la institución, Pedro Crespo; y, el Director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley INL, de la Embajada de Estados Unidos, Ory Abramowicz.

Asimismo, las autoridades del CJ y el Director de la Pan American Development Foundation (PADF), Andrés Ormaza, suscribieron un convenio de cooperación para el fortalecimiento institucional de la lucha contra la corrupción, como parte del proyecto general que financia INL para el Fortalecimiento Institucional del Sistema de Justicia Penal contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT), implementado con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos.

En su intervención, la Presidenta del CJ expresó su agradecimiento a la INL y a la PADF, por su apoyo permanente a la lucha contra la corrupción y al proceso de reinstitucionalización de la Función Judicial, por medio de asistencia técnica para la formación de jueces en este ámbito.

La doctora Maldonado aseguró que, tanto la donación como el convenio, implican un compromiso compartido entre el CJ, la agencia INL y la PADF, para lograr avances significativos en la construcción de un servicio de justicia para la paz social.

“Estamos dispuestos a dejar nuestras mejores competencias, nuestros más sinceros y profundos compromisos, conscientes de que solamente lograremos un real y efectivo servicio de justicia a través de la lucha contra la corrupción”, indicó.

En el marco del acuerdo, se realizarán actividades destinadas al desarrollo de programas académicos de formación continua, perfeccionamiento profesional y cursos abiertos de capacitación a nivel nacional, dirigidos a las y los servidores de la Función Judicial, abogados y abogadas en libre ejercicio profesional, estudiantes de la carrera de Derecho, así como operadores y usuarios del sector justicia.

Las actividades se enfocarán en las temáticas de litigación oral; análisis estratégico y variables de contexto; evidencia digital; prueba indiciaria; y, lavado de activos y delito precedente. De igual forma se cumplirán tareas de acompañamiento técnico en investigaciones internas del CJ.

“La lucha contra la corrupción es nuestra prioridad. Nuestra misión es institucionalizar la transparencia”, afirmó la Presidenta del CJ.

De su parte el Director de la INL, Ory Abramowicz, sostuvo que la cooperación internacional se constituye en una herramienta para luchar contra la criminalidad y la corrupción. Consideró que con la donación de equipos informáticos se fortalecen las capacidades tecnológicas para construir un Ecuador más transparente. “Cuenten con nosotros como sus aliados para luchar contra el crimen”, señaló.

En tanto, el Director de la PADF, Andrés Ormaza, destacó el trabajo coordinado con el CJ en la capacitación de operadores de justicia. “Trabajar con y para la justicia es trabajar por una sociedad mejor. Es la administración de justicia la llamada a cerrar las brechas sociales, a superar las desigualdades y a consolidar el principio de legalidad”, sostuvo.

Finalmente, el Director General del CJ, Pedro Crespo, reiteró que con la donación de equipos informáticos y la suscripción del convenio se fortalecerá la lucha contra la corrupción. Además, indicó que este acuerdo es un paso más en el trabajo colectivo en beneficio de la ciudadanía, la justicia y la paz social.

El convenio, que fue suscrito en el marco del primer y segundo ejes de gestión del CJ, Lucha contra la corrupción y Fortalecimiento Institucional, a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, tendrá una duración de dos años y podrá ser extendido por mutuo acuerdo de las partes.

 Consejo de la Judicatura

Hasta ayer, seis asambleístas de Alianza PAIS presentaron sus solicitudes de desafiliación del movimiento político que llevó a Lenín Moreno a la Presidencia de la República.

Las motivaciones apuntan a problemas de descoordinación entre el bloque, la dirigencia del movimiento y el Gobierno; y que el Ejecutivo no toma en cuenta los criterios del bloque antes de tomar decisiones, como ocurrió con integración de la terna para elegir al vicepresidente de la República.

En la lista constan Elizabeth Cabezas, Johanna Cedeño, Lenin Plaza, Fausto Terán, Karina Arteaga y Rafael Quijije. Meses atrás hizo lo mismo María José Carrión. Algunos han señalado que se van del movimiento político, pero permanecerán como aliados en el bloque apoyando a César Litardo, presidente el Legislativo.

Con estas bajas, AP pasa de 38 a 30 legisladores, pues Pinuccia Colamarco, que remplazó a Daniel Mendoza, procesado por presunta corrupción, no vota con el oficialismo.

Según Plaza hay un divorcio entre el movimiento y el Gobierno, y en medio del desorden no se puede continuar perteneciendo a una organización política. Lo que sí haremos, anotó, es seguir apoyando al bloque en lo que se pueda. Que los problemas venían acumulándose, pues una cosa se acordaba y el Ejecutivo se terminaba haciendo otra, y la integración de la terna para elegir vicepresidente de la República fue “la gota que derramó el vaso”.

A esto se suma la renuncia días atrás de Ximena Peña a la coordinación del bloque, por no estar de acuerdo en la integración de la terna para elegir al vicepresidente de la República.

La legisladora comentó que desde el movimiento se han realizado algunos llamados de atención y recomendaciones al régimen desde hace mucho tiempo, pero no hay respuesta y frente a ello algunos asambleístas tomaron la decisión de salirse de la agrupación.

Aclaró que ella aún no ha tomado esa decisión, pero “si no hay los correctivos hasta yo estaría considerando salirme del movimiento”.

Uno de los problemas constantes es la falta de consulta a los asambleístas del bloque sobre las decisiones del Ejecutivo, pues “resulta que se toman decisiones con CREO, y luego ellos dicen que no son parte del Gobierno, y el golpe lo cogemos nosotros, sin que nuestro criterio se plasme, la verdad estamos cansados con esa situación”, concluyó.

Aparte, dijo Peña, hay gente en el movimiento que no quiere ejercer su rol, y si no quiere ser presidente del movimiento que renuncie o elijamos a uno nuevo; por lo tanto, son “molestias acumuladas, o se corrige o nos vamos, así está el tema”.

Aunque diferenció que en el grupo de los que abandonan AP también hay gente que tiene interés en apostar por una reelección.

Fuente: El Universo

Alejandra contó que acompañó semanas atrás a un familiar, adulto mayor, a cobrar el bono de desarrollo humano: "Resulta que se ha cobrado".

Por la cuarentena, explicó, no habían podido cobrar. Al igual que ella, 1739 personas han presentado quejas ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) sobre cobros ilegales entre enero y junio de este año, que suman $ 185 251, es decir, esas asistencias sociales fueron cobradas por falsos beneficiarios, sobre todo, de bonos de desarrollo humano, bonos de desarrollo humano variable para personas en extrema pobreza y bonos para personas con algún tipo de capacidad reducida, según los registros del MIES.

Para investigar esas quejas, el MIES ha presentado 196 denuncias en la Fiscalía: 15, por abuso de confianza; 17, por estafa; 4, por falsificación de documentos; 67, por falsificación y uso de documentos falsos; 18, por falsificación de firmas; 2, por peculado; 59, por suplantación de identidad; 3, por usurpación de identidad; y, 7 por otro tipo de causa.

Añadió, por ejemplo, que en el primer caso, esa persona fue sentenciada y destituida.

El 10 de julio pasado, la Policía y la Fiscalía realizaron un operativo, denominado Dingo, en el que se detuvo a cinco personas que integrarían una banda que se dedicaba a realizar cobros ilegales de bonos sociales. Un juez ordenó la prisión preventiva de cuatro y la presentación periódica del quinto procesado.

#ATENCIÓN | #Pichincha: 5 detenidos y vehículos, tarjetas de crédito, chequeras y dinero incautados deja el operativo #Dingo, liderado por #FiscalíaEc esta madrugada en #PuertoQuito y #LaConcordia, por el cobro del bono de desarrollo humano, de forma presuntamente fraudulenta. pic.twitter.com/wwHTc7PfxE

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 9, 2020

En los allanamientos a ocho domicilios, los policías hallaron unos $ 5 mil en efectivo, carros y otros artículos.

En un comunicado de la Fiscalía, se explicó que uno de los detenidos trabajaba en una institución financiera y era quien identificaba a los beneficiarios del bono de desarrollo humano u otra de las ayudas sociales estatales que no habían cobrado durante tres o cuatro meses, ya sea por muerte o viaje.

Estrategia en tiendas de barrio

Esa información era entregada a otras personas que integraban la supuesta organización, quienes retiraban los bonos en las tiendas de barrios, donde se pueden hacer los cobros: entre $ 80 y $ 200. La Fiscalía detalló que los sujetos habrían retirado entre $ 1 mil y $ 2 mil cada dos días, posiblemente por más de un año, y sin presentar la cédula de identidad del beneficiario. Haciendo el cálculo solo por $ 1000 y por un año, lo sustraído asciende a más de $ 180 mil.

El ministro Granda aseguró que si el beneficiario del bono presenta la queja en una de las oficinas del MIES, esta entidad solicita información al banco responsable del punto de cobro involucrado y, de ser necesario, se presenta una denuncia en la Fiscalía.

"No pierden el bono, tenemos un seguro. El usuario o beneficiario del bono al generar la denuncia respectiva, en cualquiera de los 46 balcones de servicios del MIES, constatamos la información y le volvemos a pagar (entre 30 y 40 días después del reclamo)", dijo el funcionario.

De enero a junio de este año, se han inhabilitado 487 puntos de pago de los bonos y pensiones del MIES, la mayoría corresponsales no bancarios, es decir, tiendas de barrios.

Este no es un problema que se ha registrado solo en este año. En el 2019, se inhabilitaron 1053, en su mayoría despensas. En ese año, los montos a recuperar ascendieron a $ 900 279. En el 2018, la cifra es igual de alta, $ 872 200.

"Las personas no van a poder cobrar si no es personalmente o con un poder (...). Van a tener una tarjeta de débito para cajeros, donde tienen que poner una clave. No solo es importante por el tema de seguridad, sino también por un proceso de inclusión financiera. ¿Qué significa esto? Que puedes ser parte de los procesos de créditos de los bancos, eres un cliente y usuario de la banca", destacó Granda.

Del 1 de abril al 30 de junio de este año, el Estado ha entregado 3,2 millones de bonos, incluidas las asistencias de protección familiar por la pandemia.

Fuente: El Universo

Este lunes, 20 de julio, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 8 años de prisión al expresidente Rafael Correa por el delito de cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016.

Esta sentencia también se ratificó para los exfuncionarios Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Viviana Bonilla, Christian Viteri, María de los ángeles Duarte, Laura Terán y Pamela Martínez.

La audiencia estaba prevista para las 09:00 sin embargo se instaló con retraso por problemas con la conexión para quienes tenían que ingresar a la sala virtual.

En redes sociales, las defensas de los procesados por este caso mostraron su rechazo al no poder conectarse vía telemática a la audiencia.

El propio expresidente Correa criticó el accionar y una vez conocida la resolución sostuvo que era de esperarse.

Durante las audiencias de apelación, un gran número de abogados solicitaron a la Corte que anule la sentencia o que se los declare inocentes. Uno de los argumentos más replicados fue que el fallo no fue notificado de forma completa ni a tiempo.

RTU

A partir  de las 0:00 del sábado 1 de agosto de 2020 se autorizó el incremento de 30% al 50% de las frecuencias en las operaciones aéreas comerciales internacionales y domésticas regulares en todos los aeropuertos del Ecuador. La resolución fue adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, el pasado 17 de julio.

De acuerdo al documento, el porcentaje “no podrá exceder del 50% de las frecuencias autorizadas a las aerolíneas en su permiso de operación, para lo cual, se designa al Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encargue de notificar a las aerolíneas sobre el porcentaje autorizado”.

“La recuperación del transporte aéreo permitirá contribuir al desarrollo económico del Ecuador a través del intercambio comercial y turístico. Desde el inicio de esta pandemia por el virus COVID-19 no hemos dejado de trabajar para que los usuarios del transporte aéreo lleguen a sus destinos de forma segura”, dijo Anyelo Acosta, Director General de Aviación Civil.

 La DGAC junto a otras instituciones estatales y privados trabaja por  la seguridad sanitaria para pasajeros y empleados aeroportuarios en las 21 terminales aéreas del Ecuador.

TOME EN CUENTA

Hasta el 21 de julio de 2020, los viajeros que vuelen entre Quito y Guayaquil deberán presentar el resultado negativo de la prueba covid-19 tomando en cuenta las siguientes medidas. Si la prueba es PCR o cuantitativa, deberá ser realizada en laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud, hasta 72 horas antes de su abordaje. En cambio, si se trata de pruebas rápidas deberán ser realizadas en laboratorios autorizados o en los puntos habilitados en los aeropuertos, hasta con 24 horas de anticipación al día y hora de vuelo.

DGAC

Hasta este martes 21 de julio, los postulantes al Reclutamiento 2019-2020 para ingresar a la Policía Nacional de Ecuador deben dar su aceptación al proceso. El Ministerio de Gobierno informó en redes sociales que el proceso de selección se reinicia desde la fase que fue suspendida.

Según ambas instituciones, el proceso para los postulantes de las carreras focalizadas en el período 2019- 2020 se retomará desde la fase que fue suspendida y se efectuará conforme a los flujogramas de cada nivel, en el que constan los tiempos y ciclos a ejecutar.

Los postulantes deben revisar su correo y responder la notificación.

ℹ️#MDGInforma a los postulantes de Reclutamiento 2019-2020 para ingresar a la @PoliciaEcuador, que el proceso de selección se reinicia desde la fase que fue suspendida. Los aspirantes deberán aceptar o no la continuidad de la postulación hasta el 21 de julio.

Más información⬇️ pic.twitter.com/o8jvlhphLB

— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) July 20, 2020

El Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional habían anunciado el 13 de enero de 2020, el nuevo llamamiento al proceso de reclutamiento, selección e ingreso para hombres y mujeres a la Policía Nacional.

La convocatoria es para las carreras del nivel directivo (cadetes) y nivel técnico operativo (Policía).

Fuente: El Universo

El expresidente Rafael Correa se quedaría sin movimiento político en Ecuador. El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió iniciar acciones administrativas contra cuatro organizaciones: Fuerza Compromiso Social (FCS), Libertad es Pueblo, Juntos Podemos y Justicia Social.

Con ello, queda sin efecto la inscripción de esas organizaciones, con lo que no podrán participar en los comicios del 2021. La  decisión fue adoptada la tarde de este domingo 19 de julio del 2020, durante la sesión en la que participaron Diana Atamaint (presidenta del CNE), José Cabrera y Esthela Acero.

Los tres votaron a favor de esa recomendación que hicieron la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, la Dirección Nacional de Organizaciones políticas y la Coordinación Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos, atendiendo la recomendación de la Contraloría General del Estado.

El movimiento FCS (lista 5) participó en las últimas elecciones seccionales (2017) con los candidatos respaldados por Rafael Correa. Así, por ejemplo, el movimiento logró la Prefectura de Pichincha, con Paola Pabón, exasambleísta de la llamada revolución ciudadana en el gobierno correísta.

¿Qué pueden hacer las cuatro organizaciones?

El CNE otorgó a Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo, Juntos Podemos y Justicia Social el plazo de 10 días para que presenten sus pruebas, alegatos, elementos de descargo y observaciones. Luego de eso se dará inicio al procedimiento de periodo de prueba.

En las conclusiones del informe aprobado por el Pleno del CNE se establece que el documento DNAI-AI-0147-2020 enviado por la Contraloría ya no mencionaba hechos referentes a la situación actual de esas organizaciones, sino que está dirigido al incumplimiento de los requisitos constitucionales y legales propios de su inscripción. "Recomendando al CNE, en este segundo informe, que se deje sin efecto la inscripción de los movimientos nacionales Podemos, lista 33; Fuerza Compromiso Social, lista 5; Libertad es Pueblo, lista 9; y, Justicia Social, lista 11"

Fuente : El Comercio 

Prisión preventiva es la medida cautelar que resolvió la tarde de este viernes ordenar el juez Marco Rodríguez contra el asambleísta del BADI, Eliseo Azuero, y otras doce personas más a quienes se les acusa de haber participado en el delito de delincuencia organizada en el que estaban solo procesados el ahora exasambleísta Daniel Mendoza, Edmundo Tamayo, exsecretario del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Jennifer C., Tania S., Ángel A. y Olga M.

Desde este momento la instrucción fiscal pasa de 90 días, los cuales se dispusieron inicialmente en la audiencia de formulación de cargos del 5 de junio pasado, a 120 días.

Durante la diligencia, la fiscal general Diana Salazar enumeró 33 elementos de convicción que le hacen suponer que todos son parte de una estructura delictiva y de Azuero, por ejemplo, dijo que él mantendría un rol de dirección en la organización investigada.

La medida cautelar de prisión preventiva también alcanza al exasesor de Mendoza, Jean Benavides, Franklin C., Miguel G., José P., José S., José V., Danilo V., Mario O. y Esteban V. Todos, a excepción de Mario O. y Esteban V., ya se encontraban detenidos en la cárcel, pues el 14 de mayo pasado ellos fueron apresados y se les inició una instrucción fiscal por el delito de lavado de activos, también relacionado con dineros movidos para la construcción del hospital Básico de Pedernales.

Contra Jorge Jalil, exsubsecretario del Secob, y los exfuncionarios de esa misma institución Pablo C. y Danny C. también se definió prisión preventiva.

Para los trece nuevos procesados, Rodríguez ordenó la prohibición de enajenar bienes por $ 8 millones y la inmovilización de cuentas en el sistema financiero nacional.

Aproximadamente dos horas le tomó al juez Marco Rodríguez analizar los elementos de convicción entregados por la Fiscalía en casi cuatro horas de audiencia de formulación de cargos para vincular a las trece personas.

Fuente: El Universo

Tres votaciones se debieron cumplir esta noche en la Asamblea Nacional para conseguir la designación de la cuarta vicepresidenta del actual gobierno, María Alejandra Muñoz.

En la votación Muñoz alcanzó 75 votos afirmativos, 22 negativos, cero blancos y 38 abstenciones.

María Alejandra Muñoz Seminario, ahora nueva vicepresidenta de Ecuador, se venía desempeñando como directora Nacional del Servicio de Aduana (Senae).

Abogada guayaquileña de 41 años de edad, con especialización en Derecho Empresarial y Tributario, con título otorgado por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Máster en prevención de violencia contra la mujer y políticas de inclusión en la de la Universidad de Salamanca, España.

De acuerdo a como se lleva el proceso de elección, el Ejecutivo envióuna terna y son los asambleístas quienes mocionan y votan por los candidatos.

María Paula Romo, al encabezar la terna, fue el primer nombre por el que votaron, pero solo alcanzó 36 votos afirmativos, 87 negativos, 1 voto en blanco y 11 abstenciones.

Más complicada fue la situación para el segundo de la terna: Juan Sebastián Roldán, quien solo logró 12 votos afirmativos, aparte de los 88 votos negativos, cero blancos y 35 abstenciones.

Tercer punto de sesión

Con pedido de cambio del orden del día, alrededor de las 19:00, dio inicio a la sesión N° 677 de la Asamblea Nacional con la asistencia de 136 legisladores.

Fue la asambleísta, por Guayas, Verónica Guevara (RC) quien comenzó a detallar el pedido de cambio de orden del día y presentó una moción para que se analice el informe que realizó la Comisión Multipartidista sobre el cuestionado asambleísta Daniel Mendoza.

Con 131 votos afirmativos de los registrados, la moción de Guevara fue incluida para la sesión de este viernes, que antes tenía solo dos puntos que era conocer la terna y elegir al nuevo segundo mandatario. Hubo cinco abstenciones, o votos en blanco, además.

El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dio indicaciones para incluir la solicitud de la asambleísta de RC como tercer punto de la sesión.

La sesión de la Legislatura fue convocada de manera virtual, debido al coronavirus, por el presidente César Litardo para este viernes 17 de julio a las 17:40, para conocer la terna y elegir al nuevo vicepresidente de Ecuador.

Se necesitan 70 votos para elegir a uno de los que integran la terna, que son: María Paula Romo, actual Ministra de Gobierno; Juan Sebastián Roldán, Secretario General de Gabinete de la Presidencia de la República; y María Alejandra Muñoz, actual Directora del Servicio de Aduanas.

El Ejecutivo remitió la terna el pasado viernes 10 de julio.

Para la sesión de este viernes, un legislador mociona ante el Pleno el nombre de un candidato de la terna para posteriormente consignar su voto. La designación se desarrolla conforme a lo establecido en el artículo 150 de la Constitución de la República y la autoridad elegida ejercerá sus funciones por el tiempo que falte para completar el período presidencial, es decir hasta mayo de 2021.

Fuente: El Universo