Este martes 23 de julio, la Fiscalía, junto a la Policía Nacional, realiza operativos en Guayaquil y Milagro, provincia del Guayas, por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal e productos derivados de hidrocarburos como parte del caso Triple A.

Esta acción se da luego que el director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Franklin Erreyes Tocto, presentó la denuncia en la Fiscalía, el pasado 11 de julio.

La autoridad de la Agencia señaló que hay pruebas respecto a la existencia de una red organizada de comercio irregular de combustibles. En ella se involucró a cuatro comercializadoras, una de ellas es Copedesa, en la cual es accionista el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

En su cuenta de X, Aquiles Álvarez escribió: “Hace unos momentos la Fiscalía ha realizado un operativo en mi empresa para recabar información dentro del marco de su investigación”.

El burgomaestre también señaló que no tiene nada que ocultar. Sin embargo, no dejó de lado el logotipo que usó la Fiscalía para identificar al caso: “Qué pena que usen los colores sagrados de la bandera de Guayaquil”.

Finalmente, Álvarez señaló: “Nos hubieran solicitado directamente la información lo que habría hecho todo más fácil y sin necesidad de ningún acto urgente”.

Teleamazonas.

La mañana del lunes 22 de julio del 2024, funcionarios y Damas del Voluntariado Solca Zamora participaron del plantón convocado por Solca Loja en los exteriores de la Gobernación de Loja, en donde se exigió al Gobierno Nacional el pago de las deudas que hay con Solca Loja y así continuar atendiendo ininterrumpidamente a los pacientes actuales y a los nuevos ingresos.

La deuda corresponde a la atención médica de pacientes derivados de la Dirección General del IESS y del Seguro Campesino del IESS.

Luis Cañar, presidente de Solca Zamora, indicó que es un justo reclamo que se exige, “sino tenemos el dinero no podemos atender a nuestros pacientes, lo que le afecta a Loja también afecta a Zamora porque de ellos recibimos el dinero para las campañas gratuitas oportunas de detención de cáncer en las diferentes parroquias y cantones de nuestra provincia, llegando a la población más necesitada, así mismo con esos rubros obtenemos las medicinas”.

Marvin Espinoza, ASOMED Loja, manifestó que la preocupación principal es no poder seguir brindando la atención a pacientes nuevos derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Ante este plantón los manifestantes fueron atendidos por la Gobernadora de Loja en la que llegaron acuerdos a resolverse en el menor tiempo posible.

Alexandra Jara, Gobernadora de Loja, “se ha destinado presupuesto para de manera equitativa ir cumpliendo con las obligaciones con los prestadores de Salud, en estos días se realizará el siguiente desembolso que es el 20% de la obligación que tiene el Estado”.

Con el Decreto 338, el presidente Daniel Noboa definió la ruta para liquidar el Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, mismo que fue constituido en 2009.

Con dicho fideicomiso se realizó la administración y venta de bienes incautados relacionados con la banca cerrada.

Además, en el año de su creación, se estableció a la Corporación Financiera Nacional (CFN) como su Fiduciaria.

Entre los bienes incautados había propiedades de los grupos Isaías y Peñafiel, como medios de comunicación.

De acuerdo con el Gobierno, tras cumplirse con los principales objetivos del Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad, el mismo debió liquidarse en el 2018, pero aquello no sucedió.

Por este motivo, el presidente Daniel Noboa decretó ocho artículos para que se disponga la liquidación y terminación del acto jurídico. De acuerdo con el Decreto 338, el procedimiento será el siguiente:

• Cancelación de compañías en estado de disolución y liquidación
• Extinción de obligaciones
• Estados Financieros del Fideicomiso Mercantil AGD-CGN No Más Impunidad
• De los Certificados de Pasivos Garantizados
• Restitución de remanentes
• Restitución de Pasivos
• Terminación de Fideicomiso
• Gastos del Fideicomiso

Los entes del Gobierno que se encargarán de cumplir con estos pasos serán el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Compañías, la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, la CFN, el Fideicomiso AGD-CFN No más impunidad y la Unidad de Gestión y Regulación.

Primicias

Este fin de semana, la Prefectura de Zamora Chinchipe entregó un nuevo sistema de drenaje a la comunidad de Wachapá, parroquia Pachicutza, cantón El Pangui. Aquí se intervinieron 254,45 hectáreas que benefician a 28 familias, evitando un costo a la comunidad de $ 48.240.

Los trabajos iniciaron el 08 de febrero y culminaron el 30 de junio de 2024, logrando construir un total de 11.770,49 metros lineales en los terrenos inundados. Asimismo, la Prefectura a través de la Sub Dirección de Riego y Drenaje apoyó con la construcción de 12 peceras para fomentar la producción piscícola.

La segunda obra entregada se trata de la construcción de una aula y batería sanitaria para la escuela unidocente “Río Zamora”, aquí se hicieron trabajos de cimentación y estructura; piso y paredes; cubierta; puertas y ventanas; instalaciones eléctricas y baterías sanitarias. Esta obra se ejecutó mediante un convenio tripartito entre la Prefectura, Alcaldía de El Pangui y Gad Parroquial de Pachicutza por un monto de USD 34.730,08.

Hugo Cucuzhi, vicepresidente de la comunidad manifestó estar agradecido con la Prefecta por esta hermosa obra, “es la primera escuela moderna que tenemos en nuestra comunidad”, señaló, al tiempo que, a nombre de todos los beneficiarios de los drenajes dijo que ahora la producción de la zona mejorará notablemente.

Por su parte, Marcelino Wachapá, presidente de la comunidad expresó su agradecimiento por la construcción de las peceras y drenajes y, sobre todo, por cumplirles el sueño de tener un aula escolar de buena calidad para sus hijos.

“Somos una prefectura que siempre está pensando en marcar la diferencia, por ello los proyectos que vamos planificando con las comunidades las vamos cumpliendo, estos sistemas de drenaje y está escuela servirán para el desarrollo de todo Wachapá…”, dijo la primera autoridad provincial.

Prefectura de Zamora Ch.

Este lunes 22 de julio de 2024, en el Parque Central de esa ciudad de Loja, Solca Loja convocó a un plantón pacífico para exigir el pago al Gobierno y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que le adeudan USD 26 millones.  La protesta se hará de 11:00 a 13:00.

"Si Solca no tiene presupuesto, los pacientes no tienen tratamiento"; ese es el reclamo de la Sociedad. Según esa casa de Salud, la deuda corresponde a la atención médica de pacientes derivados del Ministerio de Salud, de la Dirección General del IESS y del Seguro Campesino del IESS.

"El cáncer es nuestro enemigo, necesitamos recursos para vencerlo", se lee en uno de los afiches de la convocatoria, que también se promociona en redes sociales.

No es la primera queja de Solca al Gobierno y al IESS. A finales de junio de 2024, Solca núcleo de Quito suspendió la atención a nuevos pacientes derivados del IESS, debido a una deuda de USD 120 millones que arrastra el instituto con esta casa de salud de la capital.

Pero el 8 de julio, el hospital de Solca de Quito anunció que retomaría esta atención, tras llegar a un acuerdo de pagos con el IESS para cubrir una parte de la deuda.

El acuerdo implicó un pago inicial de USD 17 millones de dicha deuda, que ya fueron cancelados y otro pago de USD 13 millones hasta finales de este mes.

Primicias.

La denuncia del gobierno contra una empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, por supuesto desvío de combustibles, llegó hasta una comisión de la Asamblea.

Este viernes 19 de julio, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una resolución para llamar a comparecer a los responsables de los entes de seguridad ciudadana y orden público.

También llamaron al comandante de la Policía Nacional, al titular del ente rector de Minas y Petróleos, de la Agencia de Control y Regulación de Hidrocarburos, Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Secretaria Anticorrupción.

La propuesta fue presentada por el excorreísta y ahora aliado de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Xavier Jurado. 

Pero entre los argumentos para investigar el tema surge otra sospecha. Según los legisladores de ADN, este presunto desvío de combustibles puede ser usado, además, para favorecer al crimen organizado.

Las comparecencias se empezarán a receptar en 15 días y, por disposición de la presidenta de la mesa de Seguridad, Inés Alarcón, serán públicas y no reservadas, como proponía Jurado.

Primicias

Mediante un recorrido por el cantón Yantzaza, la Prefectura de Zamora Chinchipe constató el avance del proyecto de ampliación y asfalto de la vía Muchime-Mercadillo de 3.6 Km. Esta obra al momento alcanza el 25% y desde la Prefectura se destinan alrededor de USD 576.000. 

Esta vía de carácter rural beneficia directamente a los barrios de Muchime, Santa Rosa, San José, Reina del Carmen, Mercadillo y Reina del Cisne, y se convertirá en la primera vía asfaltada de la parroquia Los Encuentros.

Para María Isabel Chamba, quien vive en la zona más de 50 años, ver el avance de la obra es un sueño cumplido, pues los productores de naranjilla, plátano, yuca y ganado podrán movilizar sus productos de forma segura. “Las vías son el motor de desarrollo de nuestros pueblos” resaltó.

Actualmente el equipo técnico y maquinaria ha cumplido con el movimiento de tierras, la ampliación de la vía y estabilización de taludes, se avanza en el mejoramiento de la vía a nivel de razante y en los próximos meses se complementará con la colocación de alcantarillas, construcción de la base, base y finalmente la colocación de carpeta asfáltica.

“Esta obra es una muestra del trabajo conjunto que podemos llegar a concretar las autoridades, nos alegra seguir avanzando con los asfaltos en las zonas rurales, para fomentar la producción, el agroturismo, los emprendimientos…”, resaltó la Prefecta.

Asimismo, María Lalangui, alcaldesa de Yantzaza, extendió su apoyo a la Prefectura para seguir siendo parte de estos proyectos que potencian a la ruralidad.

La ejecución de este proyecto es resultado del trabajo articulado entre la Prefectura de Zamora Chinchipe, la Alcaldía de Yantzaza, El Gobierno Parroquial de Los Encuentros y la empresa privada Lunding Gold.

Prefectura de Zamora Ch.

La Policía Nacional de España ha desarticulado la mayor organización de narcoveleros del mundo que operaba entre Sudamérica y Europa en una operación conjunta llevada a cabo en España, donde se asentaba, y en otros siete países, en la que han sido detenidas 50 personas e intervenidos 1.500 kilos de cocaína y ocho embarcaciones.

En España han sido arrestados 26 presuntos integrantes de la organización y se han llevado a cabo trece registros en Málaga, seis en Valencia, cinco en Almería, dos Alicante, uno en Girona y otro en Murcia.

Entre los detenidos se encuentran 16 noruegos, de los que destaca un atracador de bancos y furgones blindados que ya había cumplido 15 años de prisión y que desde hace un año había pasado a integrar este grupo por su experiencia delictiva y el respeto del que gozaba ante las mafias del este de Europa.

Además se han practicado trece registros en Noruega y otros en Bulgaria, Reino Unido, Panamá, Trinidad y Tobago, Portugal y Colombia, países en los que han sido detenidas otras 24 personas, informa la Dirección General de la Policía.

La investigación ha sido impulsada por un Juzgado de Arrecife (Lanzarote) y por la Fiscalía y el operativo ha sido liderado por la Policía Nacional española con el apoyo de autoridades de Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Polonia, Portugal, Bulgaria, Panamá y Santa Lucía, además de Europol y del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia de Narcotráfico europeo.

Se inició en junio de 2020 conjuntamente con las autoridades del Reino Unido al detectarse una organización británica asentada en España, que contaba con canales de comercio internacional de tráfico de cocaína desde Sudamérica a Europa a través de España.

Los investigadores identificaron a los integrantes de la organización y descubrieron que disponían de un conglomerado de embarcaciones que registraban a nombre de otras personas.

Averiguaron que la organización operaba en Tenerife, Gran Canaria, El Hierro y Lanzarote estableciendo enlaces marítimos hasta Sudamérica con los que creaban narcorrutas.

A su vez desde el sur de España los responsables de la organización coordinaban y dirigían los transportes de cada embarcación y mantenían las reuniones con los enlaces de los países de origen de la droga.

El líder de la organización, conocido como ‘El profesor’ y que reclutaba a los tripulantes de los veleros, llevaba operando en el narcotráfico más de veinte años y contaba con la confianza plena de los cárteles colombianos y mexicanos, con los que coordinaba el traslado del estupefaciente a España.

El dinero generado por estos cargamentos eran reinvertidos en nuevas operaciones y blanqueado a través de un tejido empresarial que operaba en varios países.

Miembros de esta organización del grupo denominado ‘Balkan Cártel’ llevaban en la costa del Sol un elevado nivel de vida y operaba con negocios empresariales que permitían dar salida a los beneficios que obtenían de su actividad ilícita.

Los agentes identificaron diez embarcaciones que la organización tenía habilitadas para las narcorrutas y tenían diferentes bases de operaciones en España y Sudamérica.

En España se detectó que utilizaban Valencia, Alicante, Almería, Málaga y Canarias como puntos logísticos antes de zarpar a Sudamérica, donde se ubicaban en Brasil, Colombia, Guayana, Trinidad yTobago, Santa Lucía, Barbados y Panamá para mantener los veleros preparados a la espera de recibir las órdenes de ‘El profesor’ y de su lugarteniente para salir a cargar el estupefaciente.

Los miembros de la organización realizaban las comunicaciones para estas operaciones con sistemas cifrados de seguridad y en los niveles más alto del entramado cada uno de ellos disponía de hasta quince terminales telefónicos.

Los agentes detectaron la preparación de dos veleros que iban a recibir más de mil kilos de cocaína cada uno por lo que se estableció una acción para evitar que se llevara a cabo la carga en aguas internacionales y se solicitó auxilio judicial en numerosos países.

EFE.

El Ministerio de Energía firmó el contrato modificatorio del bloque petrolero 46-MDC (Mauro Dávalos Cordero), ubicado en la provincia de Orellana (norte de la Amazonía ecuatoriana) y a cargo de la petrolera chilena ENAP.

Según ENAP Ecuador, la renegociación con Enap en el bloque 46 MDC contempla una inversión adicional de USD 100 millones y permitirá incrementar las reservas en 5,6 millones de barriles de crudo.

Durante la firma del contrato, según ENAP, la viceministra de Hidrocarburos, Valeria Arroyo, destacó la importancia de las inversiones privadas para incrementar los niveles de producción del país.

Por su parte, el gerente general de ENAP Ecuador, Juan Carlos Cuervo, recalcó "la importancia de este hito para ambos países; así como, los beneficios que se logran para las comunidades del área de influencia".

Este miércoles 17 de julio, el presidente Daniel Noboa, tomó la decisión de eliminar del reglamento de la Ley de Defensa Nacional los artículos relacionados con la subordinación de la Policía Nacional durante los estados de excepción, a través del Decreto Presidencial 334, seis días después que el Primer Mandatario emitiera el reglamento con el documento 327, donde los artículos 24 y 25 generaron polémica.

En el apartado 25 se enfatizaba que «la Policía constituye una fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía y la integridad territorial del país en el estado de excepción o emergencia».

Mientras que en el artículo 25 se disponía que la Policía «en calidad de fuerza auxiliar» se subordinará al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en forma total o parcial, conforme a los artículos 64 y 66 de Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

La disposición llegó en medio de un nuevo estado de excepción que rige desde el 2 de julio en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay.

Sin embargo, los constitucionalistas Esteban Ron y Édison Guarango aclararon que estos cambios no tenían el objetivo de restar autonomía sino actuar de forma complementaria ante la ola de violencia y aumento de delitos relacionados con el crimen organizado.

El primer reglamento a la Ley de Defensa Nacional, aprobada en 2007, se emitió en marzo de 2009 por el expresidente Rafael Correa. En marzo de 2023, la Asamblea Nacional, por iniciativa de Guillermo Lasso, reformó nueve artículos.

Teleamazonas.