Cien asambleístas solicitaron, este 23 de noviembre, el inmediato retorno al país del ex presidente de la República, Lenin Moreno, en vista que el plazo de 90 días para ausentarse del país venció el pasado 18 de noviembre.
La resolución la presentó el legislador de la bancada Unión por la Esperanza, Fausto Jarrín, quien manifestó que el ex presidente Lenin Moreno, no comunicó a la Asamblea Nacional de su decisión que permanecer fuera del país, pues está incumpliendo de manera flagrante la norma constitucional tomando en cuenta que los 90 días de ausencia, que fue comunicado a la legislatura en agosto pasado, venció hace seis días.
La Constitución de la República en el tercer inciso del artículo 144, establece que la Presidenta o Presidente de la República, durante su mandato y hasta un año después de haber cesado en sus funciones, deberá comunicar a la Asamblea Nacional, con antelación a su salida, el periodo y las razones de su ausencia del país.

El legislador Jarrín, planteó que esta resolución legislativa se haga conocer a la Organización de Estados Americanos (OEA), pues dijo que conocen que el ex mandatario pretende ser funcionario internacional, y lo primero que debe conocer el organismo multinacional es el incumplimiento constitucional de quien gobernó el país en los últimos cuatro años.
El texto aprobado dispone que la resolución se remita a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, a fin de que informe respecto de las acciones que se han tomado desde que se remitió a dicha entidad de control la resolución N. RL-2021-2023-010 de 8 de julio de 2021. Pues a criterio del legislador Fausto Jarrín, el ex mandatario Lenin Moreno, está siendo investigado por diversas denuncias a nivel de esos dos organismos de control.
En el debate participó la legisladora, Nathalie Arias (CREO), quien sugirió que en los considerandos se incluya una redacción en plural, porque no es un ex mandatario el que tiene cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana, sino son dos. Pues dijo que en el país existen temas pendientes de investigación como Arroz Verde, Inapapers, Odebrecht, caso sobornos, todos son importantes, replicó Arias. El texto de la resolución no fue modificado.
Los cien votos que aprobaron las resolución vinieron de las bancadas de UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática e Independientes. Se abstuvieron los legisladores del CREO, PSC y algunos de la Bancada Acuerdo Nacional.

El Universo.

Con éxito y en los plazos establecidos, concluyeron los trabajos de ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del barrio Pitá, al norte de la ciudad de Yantzaza. Se intervinieron varias manzanas que habían estado olvidadas, y que eran un requerimiento permanente de los moradores.

La inversión destinada fue de 116 mil dólares, así lo señaló el jefe de Agua Potable y Alcantarillado del GAD Municipal, Roberth Suárez, quien además, informó que, “esta obra favorece las condiciones de salud de cientos de pobladores, ya que de esta forma se prescinde de los pozos sépticos que tenían antes en los hogares y en su lugar se han instalado redes integrales que garantizan la eliminación correcta de las aguas residuales”. 

El funcionario agregó que, las tareas de construcción en el sitio fueron complejas por los sectores pantanosos que se encontraron durante los trabajos, sin embargo, se pudo concluir con todas las adecuaciones planificadas, empleando de manera prioritaria, mano de obra de la localidad.

El proyecto fue edificado en menos de 90 días, con la intervención en 1500 metros de redes nuevas, con más de 20 acometidas y repotenciaciones, entre las calles Sangay y Loja. El área de intervención comprende muchas viviendas habitadas como también áreas que aún se encuentran lotizadas.

El Gobierno Municipal ha asignado durante el 2021 una importante cantidad de recursos para la atención de servicios básicos en las comunidades del sector rural y urbano del cantón.

 

GAD Municipal de Yantzaza.

En el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad del Municipio de Quito, informó que se detectaron 26 afectaciones a raíz del sismo de 4.6 grados en la escala de Richter que se registró a las 11:00 de este martes 23 de noviembre del 2021.

Valarezo informó que no se han registrado víctimas mortales. Sin embargo, se han detectado afectaciones menores en mampostería de viviendas.

Estos son los daños que se registraron:

• 1 colapso estructural en el Centro Histórico
• 4 daños estructurales en edificios
• 1 daño estructural en un hotel
• 1 daño estructural en una institución pública
• 14 daños estructurales en viviendas

Esteban Cárdenas, comandante del Cuerpo de Bomberos, explicó que se realizó un sobrevuelo de 30 minutos en el Centro Histórico hacia la zona norte debido al lugar del epicentro.

Dijo que la avenida de Los Conquistadores, vía a Guápulo que une al valle de Tumbaco con la capital está cerrada por los trabajos de limpieza por el derrumbe que causó el temblor.

Además, 23 estaciones del cuerpo de bomberos realizaron monitoreos y no se registraron más novedades.

Las alertas que se registraron fueron en la calles Ambato y Bahía, en la avenida Napo y Bobonaza, en la vía Quito- Tumbaco, en la calle Wilson y Leónidas Gutiérrez, Túnel Guayasamín.

Además se registraron daños en la mampostería de la Asamblea Nacional y en el Complejo Judicial de Tumbaco.

Otras afectaciones se registraron en la calle Polonia y Rumania, avenida Mañosca y avenida 10 de Agosto.

Las autoridades manifestaron que las emergencias han sido atendidas y otras están en proceso de inspección.

 

El Comercio.

La Empresa Pública Petroecuador y Duragas S.A. suscribieron un contrato mediante el cual esta empresa privada se encargará de los servicios de recepción, mezcla, transporte, almacenamiento y despacho de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para el sector industrial.

El contrato permite que Duragas, filial de Abastible, empresa chilena líder regional del mercado de GLP, utilice la infraestructura de EP Petroecuador para recibir sus importaciones en el país, por un plazo de quince años tras el pago de una tarifa por el uso de estas instalaciones.

Está previsto que Duragas importe de 50 a 60 mil toneladas métricas anuales y que provea de este combustible al sector industrial de GLP.

“Nos permitirá liberar la caja fiscal, fomentar la libre competencia y obtener recursos adicionales por el uso eficiente de las instalaciones de las empresas públicas”, dijo Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.

Según el funcionario, el contrato se enmarca en lo que establece el Decreto Ejecutivo 1158.

Para cumplir con el contrato, Duragas utilizará la infraestructura de EP Petroecuador de los terminales Monteverde y Chorrillo, ubicados en las provincias de Santa Elena y Guayas y el gasoducto Monteverde-Chorillo que los conecta.

Pablo Luna, gerente general subrogante de EP Petroecuador explicó que las tarifas de cobro se basarán en lo establecido por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC).

“El valor por el retiro del producto en los terminales Monteverde será de USD 34,09 por tonelada métrica y en Chorrillo de USD 60,99 por tonelada métrica”, precisó.

Según los términos del contrato, el propano y butano importados serán recibidos por la empresa pública y se validará la calidad de estos productos de acuerdo a las normas NTE INEN.

EP Petroecuador entregará en los puntos de despacho únicamente la mezcla de propano y butano en los diferentes terminales tarifados, cumpliendo con las condiciones de calidad del producto establecidas en la Norma Técnica NTE INEN 675 vigente.

En caso de ser necesario, se ha previsto que la empresa pública realice el transporte del producto por los gasoductos propios hacia los terminales de almacenamiento, con el fin de garantizar la disponibilidad de los derivados en el país.

 

El Comercio.

El exvicepresidente Jorge Glas permanecerá recluido en la cárcel de Cotopaxi. Este martes 23 de noviembre del 2021 se conoció que un juez de Latacunga archivó el pedido de unificación de penas solicitado por la defensa del exalto funcionario del correísmo.

La idea de la defensa del exvicepresidente era que se unifiquen las sentencias ejecutoriadas en contra de su cliente para que solo se aplique la más alta. Es decir: ocho años de cárcel por el delito de cohecho en el caso Sobornos.   

Si el magistrado aceptaba ese recurso legal, Glas habría solicitado la prelibertad. Según el Código Penal, con este beneficio penitenciario él podría cumplir el resto de su condena fuera de prisión.    

La primera condena que cumple Glas es de seis años de prisión por el delito de asociación ilícita por la trama de corrupción de Odebrecht y otra de ocho años por cohecho en el caso Sobornos. Ambas penas están ejecutoriadas, es decir que jueces de tres instancias ratificaron las sentencias.

   

También tiene una condena de ocho años por peculado en el caso Singue, pero aún no está en firme.   

Precisamente esa fue la razón que utilizó el magistrado para archivar el pedido de unificación de penas. En su fallo explicó que la sentencia del caso Singue está en etapa de apelación en la Corte Nacional y “aún no se encuentra debidamente ejecutoriada”.  

Cuando las tres sentencias estén en firme, la defensa del exvicepresidente podrá volver a pedir la unificación de penas.  

El 2 de diciembre del 2021 está prevista la audiencia de apelación del caso Singue en la Corte Nacional. En esa diligencia, un Tribunal decidirá si ratifica o no la condena de ocho años por peculado en contra de Glas y otros sentenciados.  

El pasado 2 de octubre del 2021, Glas cumplió cuatro años en prisión. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Cotopaxi. También permaneció durante un tiempo en la Cárcel 4 de Quito.

 

El Comercio.

Ayer, lunes 22 de noviembre de 2021, representantes de empresas que importan, distribuyen y comercializan insumos agrícolas en el país se reunieron con el presidente Guillermo Lasso para encontrar alternativas que disminuyan el impacto por el alza de precios de productos importados.

Luego del encuentro, que se realizó en el Palacio de Carondelet, el primer mandatario señaló: “Atendiendo el clamor de agricultores, nos reunimos con empresas importadoras de insumos agrícolas para encontrar soluciones que favorezcan la producción nacional y minimicen el impacto del alza de precios de estos productos a nivel internacional”.

Según explicó el Gobierno a través de un comunicado, el objetivo de la cita fue evaluar posibles caminos y decisiones conjuntas para mantener los precios de productos agrícolas, y así evitar alzas en los costos de producción de este sector. “Factores internacionales como el precio del petróleo o el costo del transporte vía marítima han provocado un incremento en este tipo de insumos”, dijo el Ejecutivo.

“Tenemos en frente un desafío importante. Ustedes saben lo que implica el incremento de precios en fertilizantes como costo para la producción agrícola. La cita tiene el propósito de revisar qué podemos hacer en conjunto”, señaló Lasso y enfatizó en la importancia de articular acciones coordinadas que permitan precautelar el bienestar de los agricultores del país, principalmente respecto a esta preocupación.

El presidente de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal (Apcsa), Gustavo Wray, indicó que existe el compromiso de trabajar de manera articulada con el Gobierno para mitigar el impacto de esta situación en el país, especialmente en los pequeños agricultores.

“Los insumos ayudan a la producción de alimentos para consumo y exportación por lo que este es un tema muy importante”, dijo. En ello coincidió Francisco Barriga, de Fertisa, quien reconoció que durante muchos años este sector no tuvo la atención que se merece, por lo que calificó como positiva la iniciativa gubernamental de establecer estos encuentros.

“Es importante que las autoridades del país, los gremios de la producción y las empresas que participamos en este proceso tengamos este tipo de diálogos abiertos y francos para llegar a una solución”, expresó Barriga.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava, afirmó que ya se han establecido algunos encuentros con este sector para trazar posibles acciones principalmente en cuanto a precios y escasez de fertilizantes.

El titular del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, informó que entre las posibles medidas que se revisan están la búsqueda de nuevas fórmulas, paquetes más cómodos, alternativas empresariales en este mercado para que se reduzcan costos de producción e importación, entre otros.

El Comercio

Desde de la Dirección de Riego y Drenaje de la Prefectura de Zamora Chinchipe, fue entregado un nuevo proyecto de drenaje en la comunidad Valle del Quimi, ubicada en la parroquia Tundayme del cantón El Pangui. Consiste en la construcción de alrededor de 30.000 metros lineales de canales y beneficia a 20 familias de la zona que se dedican a la producción agropecuaria.

Desde la Prefectura fueron invertidos alrededor de USD 154.000 en la construcción de esta obra, y posteriormente se realizará un seguimiento y evaluación al proyecto para continuar motivando al productor con la entrega de insumos agrícolas y forestales a través de los componentes ambientales y agropecuarios.

Los comuneros expresaron su gratitud con la Prefectura por cumplir con este compromiso. Luis Samimbia, fue beneficiado con el drenaje de 50 hectáreas de terreno, dijo que sin ayuda del Gobierno Provincial, no hubiese sido posible utilizar estas tierras para la producción. “Antes todo era pantano, el agua no nos permitía trabajar con ganado, ahora nuestras tierras están listas para la producción”, resaltó.

Conforme explicó Manuel Valdiviezo, director de Riego y Drenaje del Gobierno Provincial, en un inicio el proyecto contemplaba la construcción de 6.000 metros lineales de canales; sin embargo la planificación cambió debido a la necesidad encontrada en el sitio, ante ello se destinaron nuevos recursos y fueron beneficiados todos los comuneros que necesitaban que sus fincas sean drenadas.

Diario El Amazónico

El segundo y definitivo debate de la reforma tributaria, denominada Proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia Covid-19, se realizará hoy 24 de noviembre del 2021 en Pleno de la Asamblea.

En este proyecto de ley, los legisladores plantearon cambios en lo referente al impuesto a la renta (IR) y la deducción de gastos personales. También hicieron ajustes en el impuesto especial al patrimonio y el incremento del Impuesto a Consumos Especiales (ICE) para bebidas alcohólicas, entre otros.

La Comisión de Desarrollo Económico, que trató esta iniciativa, aprobó con siete votos el informe para segundo debate, el viernes pasado.

Con la reforma, que fue enviada por el Ejecutivo con carácter de económico urgente, se aspiraba recaudar USD 1 900 millones en los próximos dos años. Pero con los cambios propuestos por los legisladores no se alcanzará esta meta, advierten expertos tributarios.

Napoleón Santamaría, abogado tributario, mencionó que después de los debates en el Legislativo la reforma no es tan “agresiva”, como la que envió el Gobierno. Por ende, el impacto en el bolsillo de los contribuyentes no es tan fuerte, especialmente en el tema del impuesto a la renta.

“El efecto recaudatorio va a estar en las personas que ganen más de USD 2 600 mensuales. Ya no sería clase media, sino la clase media alta y alta”. Además, hay otros cambios que difícilmente permitirán llegar al objetivo del Gobierno, dijo Santamaría.

Para Javier Bustos, experto en temas tributarios, los ajustes no aportan, porque estas iniciativas buscan recaudar más, pero con los cambios propuestos en la Asamblea “no se va a generar una mayor recaudación, se va a complicar el sistema y a lo mejor hasta baja la recaudación, ya que pasan las exenciones en renta, en IVA”.

Por esto, según Bustos, si la reforma pasa en el segundo debate, pero no permite una mayor recaudación, el Ejecutivo debería vetarla totalmente. “Le tocará incorporar mecanismo para controlar la evasión tributaria vía Decretos”.

Para la aprobación de esta norma en el Pleno se necesitan al menos 70 votos, luego pasa al Ejecutivo para su aprobación o veto. En el último caso, si es un veto parcial, vuelve a la Asamblea. Pero, si hasta este sábado no hay un pronunciamiento, el proyecto entra en vigor por el ministerio de la ley.

Base del IR se incrementa

La base para el cobro del impuesto a la renta (IR), es decir el salario mensual que se tomará en cuenta para recaudar este tributo, fue modificada. El Ejecutivo planteó que aportarán quienes ganen más de USD 2 000 mensuales.
Pero la Comisión señaló que con esta base se está afectando a la clase media. En el informe para primer debate se incrementó a USD 2 500 y después en el Pleno se elevó para quienes ganen más de USD 2 600. La propuesta plantea un esquema que se inicia en 5% para quienes ganen USD 2 600 y termina en 37% para las personas naturales que perciben más de USD 100 000 al año.

Tope de deducciones sube

El Gobierno buscaba reemplazar las deducciones de gastos personales con un descuento directo en el pago del impuesto por hasta USD 500 (para los que más ganan) y de USD 1 000 para los que ganan menos. Para ello se tomaba en cuenta un tope máximo de USD 5 000 en gastos personales.
Los asambleístas incrementaron a USD 10 000 los gastos personales a deducir, porque al reducir este monto se desincentivaría el pedir facturas.
Expertos que comparecieron ante la Comisión solicitaron mantener el esquema actual de deducción de gastos personales, que es de hasta USD 14 575,60.

Impuesto a patrimonio alto

El impuesto temporal para personas naturales con patrimonios altos también tuvo cambios. Las personas que tengan patrimonios mayores a USD 1 millón pagarán este tributo. La modificación es en la tasa, que va desde 1% al 1,5% progresivamente. En cambio, las empresas que pagarán el tributo son aquellas que tengan un patrimonio superior a USD 4 millones, la tasa también será progresiva desde 0,5% hasta 0,8%. El tributo será por dos años.
El sector agroproductivo solicitó que se excluyan las tierras rurales del cálculo del valor del patrimonio, ya que este sector depende de la tierra para producir.

ICE para licores, eliminado

El Gobierno propuso incrementar el impuesto a consumos especiales (ICE) para bebidas alcohólicas. El fin era incrementar de USD 7,18 a USD 10 el precio por litro de alcohol para bebidas alcohólicas y unificar el precio a USD 13,08 el litro de alcohol para la cerveza. Actualmente es diferenciado para la cerveza artesanal, que paga USD 1,5 por litro. Al final, no se modificó la tabla. Esteban Ortiz, salubrista, dijo que el impuesto como está diseñado no cumple con su función que es desincentivar el consumo por salud pública; el sector empresarial señaló que el incremento favorecería el contrabando

El Comercio

En la Asamblea Nacional se presentó un proyecto de Ley que permitirá el derribo de aeronaves que realicen tareas relacionadas al narcotráfico, que ingresen al espacio aéreo nacional sin un plan de vuelo o inobserven el plan aprobado.

La iniciativa la presentó Johanna Moreira, legisladora de la Izquierda Democrática, quien considera que es necesario priorizar la construcción de una norma que se ajuste a las nuevas realidades delictivas cometidas en Ecuador como el narcotráfico, tomando en cuenta que existen limitaciones legales, para realizar control y vigilancia e inclusive la sanción sobre la construcción de pistas ilegales en varias partes del país.

Según la proponente, actualmente, las Fuerzas Armadas y especialmente la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) está atada de manos, no existe una ley que permita o prohíba que se intervenga con la fuerza a cualquiera aeronave que se encuentre volando sin autorización, plan de vuelo, sin contacto, de manera hostil o ilegalmente en Ecuador.

Al momento y bajo la norma legal ecuatoriana vigente, el derribo únicamente se puede ejecutar durante un conflicto armado o crisis internacional y mientras exista una amenaza a la soberanía del Estado. Sin embargo, para poder combatir al crimen organizado internacional varios países desarrollaron normativa que permita actuar con sus fuerzas aéreas.

Antes de proceder al derribo de una aeronave, según la propuesta, se debe comprobar al menos doce parámetros sobre las circunstancias en que ingresa al espacio aéreo nacional relacionadas con autorización, identificación, comunicación con la aeronave. Solo ahí se podrá declarar que se trata de una aeronave hostil, y podrá ser sujeto del uso de la fuerza mediante la persuasión o neutralización e inclusive proceder al derribo. También un dron podrá ser declarado como aeronave hostil.

Agotadas todas las medidas de persuasión hacia la aeronave, por radio y cartelería, uso de munición trazadora, se procederá al derribo con un disparo directo sobre la misma con la finalidad de provocar daños que impidan la prosecución del vuelo. Derribada la aeronave, se remitirá la confirmación de la misma a la Policía Nacional, Fiscalía General del Estado y Criminalística, para los procedimientos de Ley, según el contenido de la propuesta.

Como justificativo para presentar el proyecto se indica que de acuerdo con un cuadro estadístico de la Dirección Nacional de Antinarcóticos (DNA), entre los años 2012 hasta abril del 2021, se habrían capturado 26 narcoavionetas en territorio ecuatoriano, con 104 detenidos.

En la propuesta la legisladora Moreira señala que se necesita de una ley que permita la identificación de una aeronave irregular, la interceptación e incluso el derribo de la misma, como una acción final sobre nuestra soberanía; enviando un mensaje claro a esos grupos delincuenciales del país, especialmente a cárteles mexicanos y colombianos que operan en Ecuador.

En esta normativa se tendrá que conjugar conceptos, protocolos internacionales para el proceso de interceptación y derribo, fases del proceso e instituciones que tendrían que intervenir y los mecanismos que se necesitarían para que la FAE pueda combatir a estas aeronaves pertenecientes al crimen organizado y que pueden estar involucradas en varios delitos, como transporte de sustancias ilícitas, tráfico de armas, trata y tráfico ilícito de personas, transporte de dinero o valores, entre otros.

Con esta norma se reforzará también el Sistema de Seguridad Interior Aéreo Ecuatoriano, que trabajará en la vigilancia, identificación, persuasión, y derribo de aeronaves ilícitas dentro del espacio aéreo ecuatoriano, como también las comunicaciones existentes y la repotenciación de radares.

La legisladora insiste en que la presente Ley es taxativa, pero que en el fondo es una acción disuasiva, que buscará en primera instancia interceptar y neutralizar a toda aeronave no identificada dentro del territorio nacional para poder combatir el crimen organizado, una acción importante será el uso de munición trazadora visual, ya solo en última instancia se dará la orden de derribo. Esta normativa en la parte regional ha sido aprobada por 7 países y en el caso colombiano data en vigencia desde el año 1993

 El Universo.

Como parte de la inclusión financiera, los bancos privados del Ecuador trabajan en otorgar facilidades a las mujeres para el acceso a créditos.

Según Marcos Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), se ha logrado conseguir USD 560 millones de organismos multilaterales, destinados a líneas de crédito para las mujeres, con lo cual puedan acceder a créditos productivos en mejores condiciones.  

También en lo que va del año se ha conseguido otros USD 292 millones de los cuales una parte se destinará a los mismos fines, dijo el vicepresidente. Así lo señaló este lunes 22 de noviembre del 2021, en el marco del evento Training Regional de Gobierno Corporativo Resiliente e Inclusivo hacia un Enfoque de Género.

Este evento internacional, que es organizado por la Alianza para la Inclusión Financiera (AFI) y la Superintendencia de Bancos (SB), se desarrollará del 22 al 23 de noviembre.

En este espacio se debatirán los desafíos para la inclusión financiera; ya que, de acuerdo con el reporte de Global Findex 2017, a escala internacional, 1 700 millones de adultos no tienen cuenta, de los cuales el 56% son mujeres. 

Si bien han existido avances, la desigualdad persiste. Mientras el 72% de los hombres tienen una cuenta, las mujeres solo alcanzan un 65%. Esa brecha de género de 7 puntos porcentuales también existía en el 2014 y el 2011.

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, quien estuvo presente en el evento, indicó que, de enero a septiembre de este año, el Gobierno ha ejecutado USD 440 millones para programas de equidad de género en el país, cifra superior al año pasado.

Para Cueva es importante combatir la exclusión financiera porque afecta principalmente a mujeres, jóvenes y minorías étnicas, para así evitar que caigan en el sistema financiero informal.

Un reciente estudio de brechas de género referido a capacidades financieras del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) revela que, únicamente el 30% de las mujeres en el Ecuador afirman tomar decisiones financieras de forma independiente

.También señala que tres de cada cinco mujeres ecuatorianas no tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos del mes y existe una brecha del 2% entre hombres y mujeres respecto a poseer una cuenta de ahorros.

En horas de la tarde de este 22 de noviembre está previsto el anuncio de la firma de la Declaración Maya para la Inclusión Financiera, que tendrá lugar en el Palacio de Gobierno entre la AFI y la SB. El presidente Guillermo Lasso participará en calidad de Testigo de Honor.

 

El Comercio.