Luego del primer debate el proyecto regresará a la mesa de Justicia para el análisis del informe para segundo y definitivo debate

En medio de plantones a favor y en contra, la Asamblea Nacional tiene previsto, este 9 de diciembre, abrir el primer debate del proyecto de ley orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.

Los grupos provida y feministas se autoconvocaron para este jueves en las inmediaciones de la Asamblea Nacional para plantones y dar a conocer su posición frente al informe presentado por la Comisión de Justicia del Parlamento, que fue la encargada de procesar la propuesta de la Defensoría del Pueblo respecto a la garantía del aborto en caso de violación.

La Asamblea entra a debatir este polémico tema tras el dictamen de la Corte Constitucional que en abril del 2021 determinó que es inconstitucional el numeral 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que penalizaba el aborto por violación, porque únicamente permitía la interrupción del embarazo en caso de mujeres con discapacidad mental víctimas de violación. Esta disposición le pareció discriminatoria al máximo organismo de control constitucional.

La sesión del pleno está convocada para las 09:30, pero antes las organizaciones vinculadas a la temática serán recibidas en comisión general en el pleno, posteriormente se dará lectura al informe y luego cada legislador podrá dar a conocer su posición en un tiempo de diez minutos. Los sectores autoconvocados esperan realizar algunas acciones de protesta a favor y en contra del informe de la comisión, en el que se destacan tres nudos críticos: el primero relacionado con el tiempo en que se podrá interrumpir el embarazo, los requisitos y la objeción de conciencia de los médicos.

La falta de definición por parte de la mesa legislativa del tiempo en que se puede interrumpir el embarazo en casos de violación causó polémica entre legisladores y activistas. Unos plantean que el aborto podría permitirse hasta la quinta semana y otros que se deje abierta la posibilidad de interrumpir el embarazo. Será en el debate donde se muestren las posturas y luego la comisión recogerá las observaciones para el primer informe.

El proyecto tiene por objeto garantizar, proteger y regular el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes a la interrupción legal y voluntaria de su embarazo producto de violencia sexual, garantizando sin discriminación su dignidad, autonomía y el pleno ejercicio de sus derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La ley rige en todo el territorio ecuatoriano, será de observancia, aplicación y cumplimiento por toda persona ecuatoriana y extranjera que se encuentre o actúe en este territorio.

Será de aplicación obligatoria por parte de todas las personas operadoras de salud, por los servicios y establecimientos públicos y privados del sistema nacional de salud, por las entidades nacionales y locales que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia.

Toda niña, mujer, adolescente y persona gestante cuyo embarazo sea producto de violencia sexual que se encuentre en territorio ecuatoriano y que solicite interrumpir su embarazo estará amparada por las disposiciones de esta ley.

La Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción Pro-Cultura Occidental, institución provida, entregará a las 09:00 más de 100.000 firmas en rechazo a la despenalización del aborto en casos de violación, y expresan a través del vocero José Ignacio Gómez que el punto preocupante es que el proyecto prevé el aborto hasta el noveno mes de embarazo.

Además considera que con el proyecto en debate se pretende consagrar al aborto como derecho, promover el aborto con fondos públicos, obligar a los médicos e instituciones a practicar abortos y dejar en la impunidad a los violadores, pues no se ocupa de que sean denunciados ante las autoridades.

Las peticiones de este colectivo son tres:

Que se respete el artículo 45 de la Constitución de la República, que protege la vida desde la concepción, consagración jurídica del quinto mandamiento de la Ley de Dios: “No matarás”.

Que se realice una reforma constitucional que logre que la Corte Constitucional se ajuste a los elementales principios de responsabilidad y juridicidad, respondiendo por sus decisiones y sentencias ante sus mandantes, los ciudadanos, garantizando que las decisiones sensibles para la generalidad de los ecuatorianos, emitidas por la Corte –muy especialmente aquellas que atañen a aspectos de conformación moral, histórica y sociológica–, puedan ser efectivamente sometidas a plebiscito, al tiempo que se garantice la responsabilidad de sus integrantes por el abuso de sus cargos y desviación de poder.

Que se utilicen todos los medios jurídicos necesarios para revertir la nefanda sentencia 34-19- IN/21 de la Corte Constitucional, que despenalizó de modo amplio el llamado aborto por violación, dictando así sentencia de muerte contra innumerables inocentes. Asimismo, solicitamos que se apliquen los mecanismos jurídicos que aseguren el respeto legal de las convicciones de la mayoría católica del país sobre la familia y la moral.

Por ello, este grupo solicita a la presidencia de la Asamblea Nacional que regrese el proyecto a la Comisión de Justicia y sea este corregido en función de lo que demanda la sociedad ecuatoriana, que es la protección del nasciturus desde la concepción, denuncia y penas ejemplares para los violadores, la libertad de objetar libremente la práctica de un aborto y la supresión de cualquier tipo de propaganda abortista.

El Universo