Prisión preventiva es la medida cautelar que resolvió la tarde de este viernes ordenar el juez Marco Rodríguez contra el asambleísta del BADI, Eliseo Azuero, y otras doce personas más a quienes se les acusa de haber participado en el delito de delincuencia organizada en el que estaban solo procesados el ahora exasambleísta Daniel Mendoza, Edmundo Tamayo, exsecretario del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Jennifer C., Tania S., Ángel A. y Olga M.

Desde este momento la instrucción fiscal pasa de 90 días, los cuales se dispusieron inicialmente en la audiencia de formulación de cargos del 5 de junio pasado, a 120 días.

Durante la diligencia, la fiscal general Diana Salazar enumeró 33 elementos de convicción que le hacen suponer que todos son parte de una estructura delictiva y de Azuero, por ejemplo, dijo que él mantendría un rol de dirección en la organización investigada.

La medida cautelar de prisión preventiva también alcanza al exasesor de Mendoza, Jean Benavides, Franklin C., Miguel G., José P., José S., José V., Danilo V., Mario O. y Esteban V. Todos, a excepción de Mario O. y Esteban V., ya se encontraban detenidos en la cárcel, pues el 14 de mayo pasado ellos fueron apresados y se les inició una instrucción fiscal por el delito de lavado de activos, también relacionado con dineros movidos para la construcción del hospital Básico de Pedernales.

Contra Jorge Jalil, exsubsecretario del Secob, y los exfuncionarios de esa misma institución Pablo C. y Danny C. también se definió prisión preventiva.

Para los trece nuevos procesados, Rodríguez ordenó la prohibición de enajenar bienes por $ 8 millones y la inmovilización de cuentas en el sistema financiero nacional.

Aproximadamente dos horas le tomó al juez Marco Rodríguez analizar los elementos de convicción entregados por la Fiscalía en casi cuatro horas de audiencia de formulación de cargos para vincular a las trece personas.

Fuente: El Universo