El Consejo de la Judicatura (CJ) entregó, este miércoles 23 de septiembre de 2020, una oficina a las y los veedores ciudadanos que observarán y vigilarán el proceso de evaluación a las y los agentes fiscales, fiscales de adolescentes infractores y fiscales provinciales pertenecientes a la Fiscalía General del Estado.

La oficina para la Veeduría Ciudadana está ubicada en el edificio matriz del CJ, en la Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar, en Quito y en la ceremonia de entrega estuvieron presentes la Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, los vocales Maribel Barreno, Juan José Morillo, Fausto Murillo Fierro, Jorge Moreno y el Director General, Pedro Crespo.

En su intervención, la doctora Maldonado, recordó que el marco constitucional y legal vigente en el país faculta a la Judicatura a realizar no solo procesos de evaluación, sino de designación y ascensos de las y los servidores judiciales y que en ese contexto, se cumple con este proceso que tiene como fin el fortalecimiento del servicio judicial.

“La evaluación es uno de los mecanismos para mejorar. Ningún proceso de evaluación realizado por este Consejo de la Judicatura tendrá otro objetivo que no sea el mejoramiento del servicio. El objetivo mayor es el usuario, las y los ciudadanos que acuden en búsqueda de la tutela de sus derechos”, señaló.

La doctora Maldonado recordó que uno de los principales ejes de trabajo del Consejo de la Judicatura es la transparencia y que en este marco, promueve la total apertura al control social que permite avanzar hacia la consolidación de un Estado democrático.

“Este no es un acto simbólico sino un acto real. Estamos dispuestos a proporcionar a la Veeduría la información que requiera sin que esto signifique que pueda tener alguna injerencia en el proceso”, afirmó.

El Director General del Consejo de la Judicatura, Dr. Pedro Crespo, entregó a los representantes de la Veeduría las llaves de la oficina y la documentación relacionada con los avances del proceso. En su intervención ratificó el compromiso de la institución para fomentar la transparencia y combatir la corrupción en la Función Judicial. Señaló que una de las herramientas fundamentales para alcanzar este propósito es la evaluación de las y los servidores judiciales.

CJ