Según la ONU, la resiliencia es la capacidad de las sociedades para adaptarse a los cambios, y sobrevivir a emergencias como estas, en las que una pandemia trastorna las bases estructurales de todo. El Covid19 nos deja múltiples lecciones impostergables que debemos analizar con minuciosidad; enuncio tres:

• Vigilancia para la salud. Ya hablamos de la importancia de la denuncia ciudadana en casos de corrupción para disminuir la impunidad, pero esta vigilancia es una corresponsabilidad a mantener, primero para tomar la lección y exigir a las autoridades locales, con el COOTAD en mano y el plan de trabajo propuesto en las elecciones, que cumplan lo ofrecido, que se reserven fondos para emergencias y se tomen acciones preventivas ante las crisis que pudieran venir; y el segundo es que para los próximos comicios presidenciales (2021) y de gobiernos locales (2023), la población demande propuestas técnicas y realizables a algo que pasó a segundo plano por mucho tiempo: planes integrales de salud pública. No se puede volver a permitir el mismo error dos veces.

• Alimentación como prioridad. Es la principal necesidad en esta pandemia, al quedarse en casa y suspender toda fuente de ingresos, la preocupación fundamental de la familia es la comida. Antes del coronavirus se decía mucho de poner los ojos al campo, pero en este contexto ya no se puede postergar. Más allá del planteamiento explícito y técnico de producir desde el campo, se tiene que impulsar los huertos caseros y ver la forma del propio abastecimiento, apuntando hacia una autosustentabilidad. También hay quienes exponen la urgencia de replanificar los grandes centros poblados con el fin de habitar más las zonas rurales por sus ventajas para el cultivo, pero ello implica examinar otros problemas como las necesidades básicas insatisfechas que abundan y acceso a servicios básicos en las zonas rurales. Además, es imperativo profundizar en consumir la producción local para sostener fuentes de empleo y fortalecer las economías pequeñas, que precisamente son las más golpeadas.

• El auge del comercio digital. Se trata de otro de los sectores que crecieron. En una crisis no todo es negativo, al echar una mirada global encontramos datos de quienes resultaron ganadores en esta pandemia. Las nuevas tecnologías son parte de nuestra vida y hacen posible que el comercio digital sea una tendencia. ¿Qué hacer? Impulsar la innovación y la producción de aplicaciones, contenidos digitales y páginas web porque, simultáneamente, son una herramienta para el emprendimiento. Es decir, no solo utilizar las plataformas digitales del extranjero y redes sociales, sino ser creadores de nuevos sistemas de comercialización conforme a la realidad ecuatoriana.

Sin duda estamos en un nuevo comienzo para todos y las lecciones apenas comienzan. Para países como el nuestro, sin reservas económicas y con un modelo administrativo que ha generado desigualdades, la situación es más grave. No sabemos cómo llegaremos, solo tenemos la oportunidad de dar cada paso y debe ser en firme. La resiliencia es un camino.

*El autor: Asesor de comunicación. Tiene estudios en comunicación y marketing en centros académicos de Ecuador, Cuba y España.

El diferimiento de deudas con la banca se extendió por 60 días más. La Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera emitió el lunes una resolución por la cual se modifica la 569 sobre el tema. El plazo vencía el 28 de julio próximo y ahora se extiende hasta al 29 de agosto.

Ayer, Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca), dijo que tanto el gremio como la Junta y la Superintendencia de Bancos están de acuerdo en que los procesos de diferimiento deben ser voluntarios y analizando caso por caso.

“No tiene sentido que a las personas que sí pueden pagar y que están pagando a tiempo se les haga un diferimiento”, dijo.

Así, explicó que algunos bancos han aplicado el proceso dependiendo del caso y otros, en cambio, lo han hecho con 90 % de sus clientes.

Prado considera que la nueva resolución sí estará armonizada con el veto de la Ley de Apoyo Humanitario, que habría acogido algunas peticiones de su sector en el sentido que se establece que la banca “podrá” reestructurar y diferir las deudas. Es decir, no habrá obligatoriedad.

Días atrás, Rosa Matilde Guerrero, asesora en Supervisión Basada en Riesgos e Inclusión Financiera de la Superintendencia, explicó que en los primeros 60 días de aislamiento, el diferimiento llegó a $1200 millones.

El 22 de marzo, la Junta expidió una resolución que permitió el “diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias”.

El 40 % de los créditos diferidos eran de consumo; el 38 %, comercial; y el 14 %, microcrédito.

Guerrero explicó que la Superintendencia propuso a la Junta que el plazo se extienda a libre voluntad de las partes. “Aún no se sale de toda la normalidad y se concretará siempre y cuando haya voluntad de pago”, dijo.

Fuente: El Universo

En 26 días se registraron a nivel nacional 50 000 desafiliaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), según cifras de las Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil.

El pasado 14 de mayo eran 150 000 y a la fecha esta cifra asciende a 200 000 desafiliaciones de empleados en relación de dependencia entre marzo y mayo de 2020. El 45 % corresponde a la provincia de Pichincha y 25 % a Guayas, indican los gremios.

Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), mencionó que la pérdida del empleo es por la falta de medidas para otorgar liquidez y el aislamiento productivo.

“Actualmente solo existen 1,8 millones de trabajadores privados en relación de dependencia que aportan a la Seguridad Social. Si la cifra continúa cayendo, será un problema para cubrir las prestaciones”, dijo Arosemena.

El BID estima que se podrían perder hasta 500 000 empleos formales a lo largo del año si no se toman medidas para una reactivación efectiva.

Y el presidente Lenín Moreno, afirmó en su cuenta de Twitter, el pasado 19 de mayo, que hubo una pérdida de 150 000 empleos.

“En economías con regímenes laborales más flexibles la recuperación del empleo se está dando de manera más ágil. Con un mercado laboral rígido como el ecuatoriano, el empleo podría tardar más de un año en recuperarse”, dijo Arosemena.

En tanto, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), indicó que la afectación también se concentra en el sector empresarial.

“Las políticas económicas no deben afectar más la liquidez de las empresas. Adelantar impuestos a personas o empresas que no tienen liquidez solo afectaría la recuperación de la economía. Lo que el país requiere es una agenda mínima para la recuperación en temas tributarios, financieros y laborales”, manifestó.

Fuente: El Universo

La emergencia sanitaria que hoy vivimos nos ha obligado a pensar sobre la necesidad de fortalecer sistemas prioritarios como salud, educación y seguridad, sistemas que deben estar fuera de las leyes del mercado y deben ser garantizados por el Estado. Sin duda, la pandemia ha puesto en jaque a todo el mundo, pero en nuestro país, el virus ha transparentado y profundizado una crisis que va desde el tema sanitario hasta político y económico; con tristeza evidenciamos lo frágil que puede llegar a ser un sistema si un gobierno sataniza el gasto público en lugar de optimizarlo, imponiendo medidas que poco o nada tienen de humanitarias, todo lo contrario, vemos que se utiliza la emergencia como cortina de humo para malversar los pocos recursos que nos quedan.

Fuimos espectadores de una tragedia que perdurará en nuestra memoria y en la historia del Ecuador para siempre, con impotencia vimos a cada ecuatoriano que clamaba por atención ante un sistema totalmente colapsado, vimos llorar la pérdida de un ser querido y en el peor de los escenarios, cuerpos desaparecidos sin nadie que pueda dar razón de ello, incluso personal de salud en las calles exigiendo equipos de protección para poder salvar vidas. Pero mientras todo eso sucedía, puertas adentro se negociaba y adjudicaba generosos contratos de insumos médicos con sobreprecio de hasta el 9000%, se estaban enriqueciendo a costa del dolor ajeno; nos hicieron creer que no habían los recursos necesarios para potenciar los sistemas de salud como respuesta urgente ante el paso inexorable de la pandemia; ahora vemos que recursos para pagar con sobreprecio sí hubieron. ¿Cuántas vidas pudieron haberse salvado si hubieran actuado con honradez y lealtad a su propio país?

Es indudable la necesidad de recursos durante una emergencia, lo que debemos cuestionar es el destino de ésos recursos, ¿Realmente están llegando a los sectores más vulnerables o únicamente sirven para costear todo el andamiaje lleno de corrupción que hoy se devela? Cada vez es mayor la decepción, allanamiento tras allanamiento, se evidencia la institucionalización de la corrupción en todos los niveles, que sumado a la falta de acceso a servicios básicos para garantizar derechos mínimos en la población, se crea un escenario que tiene tanta o más trascendencia que el propio virus.

Lo que nos resta es mantener la esperanza de que se hará justicia; una justicia que sea independiente del poder político, que no esté contaminada de procedimientos oscuros o linchamientos mediáticos, no una justicia que sea utilizada para saldar cuentas personales o que busque eliminar al adversario político de turno, sino una justicia que garantice que ningún ciudadano por más poderoso que sea este exento de la igualdad ante la ley, una justicia que envíe un claro mensaje a la ciudadanía: los recursos del país son sagrados y quien se sirva de su cargo para llenar sus bolsillos lo único que le puede esperar es la cárcel.

Finalmente el pueblo se quita la venda de los ojos y asume la responsabilidad de pensar dos veces antes de volver a dar el voto a los mismos de siempre, porque todo inicia allí; nunca más quienes llegan a la función pública no para servir al país como lo dicen en campaña, sino a servirse de él. Es necesario que elevemos nuestra voz para nunca más dar paso a la indolencia, la inoperancia y la viveza criolla, no solo de quienes nos roban, también de quienes callan teniendo la obligación de hablar, quienes miran a otro lado para no incomodarse teniendo la obligación de fiscalizar y actuar; quienes claramente hoy le dan la espalda al país.

Reconocemos que a la mala hemos aprendido la lección de lo que implica elegir como autoridades a quienes no tienen la mínima idea de lo que significa servir. Hoy debemos poner punto final a ésta triste historia y reconstruir un país que ha quedado totalmente fragmentado; hoy más que nunca debemos estar unidos, arrimar el hombro, mostrar la solidaridad que nos caracteriza pero también la firmeza que se requiere para avanzar con optimismo y construir un nuevo país digno para todos los ecuatorianos.

Ing. Karina Michelle Torres Sánchez.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea Nacional el veto parcial al proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, que fue aprobado el 15 de mayo pasado por la Legislatura. El documento llegó al Parlamento, pasado el mediodía de este martes 9 de junio del 2020. El veto consta de 32 observaciones. Uno de los principales cambios que propone el Ejecutivo tiene que ver con las relaciones laborales. Acuerdo laboral En el texto remitido a la Asamblea se señala que los empleadores podrán acordar con sus trabajadores la reducción de máximo el 50% de la jornada laboral.

Asimismo, se establece que el pago del salario corresponderá, en proporción, a las horas efectivamente trabajadas y que no será menor al 55% del sueldo fijado previo al acuerdo.  El presidente Moreno plantea que esta modalidad podrá efectuarse durante un año, con la posibilidad de renovarse por el mismo periodo, una sola vez.

Esto contrasta con lo aprobado por la Asamblea Nacional el 15 de mayo, en cuyo proyecto se establecía que el acuerdo de reducción laboral duraría dos años, renovables por dos años más. Nuevo contrato especial​  La objeción presidencial enviada a la Legislatura este 9 de junio regula la figura del nuevo contrato especial emergente.

Este “se celebra para la sostenibilidad de la producción y fuentes de ingresos en situaciones emergentes o para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, ampliaciones o extensiones del negocio, modificación del giro del negocio, incremento en la oferta de bienes y servicios”. La modalidad podrá tener una duración de un año, contemplará como mínimo 20 horas semanales y hasta 40, distribuidas en un máximo de seis días a la semana, sin sobrepasar las ocho horas diarias y tener 24 consecutivas de descanso. Se determina también que, en caso de que se requiera renovar esta contratación, pasará a ser definitiva.

Fuerza mayor Otra observación presidencial incluida en el veto tiene que ver con la interpretación del artículo 169 del Código del Trabajo. Se refiere a la causal de fuerza mayor, para asegurar que no existan abusos por parte de las empresas, a la hora de desvincular personal. Con ello, al mismo tiempo, se apunta a preservar las fuentes de trabajo y evitar el cierre de negocios, según un comunicado de la Secretaría General de Comunicación.

Además, el Jefe de Estado determinó que los acuerdos a los que lleguen empleadores y empleados para reducir la remuneración, en ningún caso se podrán concretar por debajo del salario básico unificado (USD 400). Adicionalmente, se estableció que este tipo de acuerdos deberán constar por escrito y especificar que se acogen a la presente Ley, una vez que entre en vigencia.

Mi veto parcial a la #LeyApoyoHumanitario por la emergencia del Covid-19 prioriza 4 objetivos: reforzar el apoyo a familias ecuatorianas, sostener el empleo, incentivar la producción, y asegurar la provisión de servicios. El país espera una respuesta positiva de @AsambleaEcuador. pic.twitter.com/W2EnEALQ27

— Lenín Moreno (@Lenin) June 9, 2020

Desconexión en teletrabajo

​El Presidente de la República también incluyó normativa para el teletrabajo en el sector público y privado. Esta modalidad podrá tener tres formas: permanente, parcial y ocasional. En el veto se garantiza que quienes se acojan al teletrabajo tengan derecho a la desconexión, la cual deberá ser de -al menos- 12 horas consecutivas en un periodo de 24 horas.

Servicios básicos

Otro punto del veto es que los servicios básicos (incluyendo telefonía y telecomunicaciones) es que no habrá incremento de las tarifas de los servicios básicos hasta seis meses después de la vigencia del Estado de Excepción. Asimismo, se prohíbe la suspensión del servicio por no pago, hasta 30 días después de la vigencia de esta ley. Y, con el fin de que las empresas proveedoras recuperen liquidez y puedan cobrar a los usuarios que tienen valores pendientes, se determinan facilidades de pago. Entre ellas, que los valores adeudados se cancelen en seis cuotas, sin multas ni intereses. En el documento, el Primer Mandatario determinó que, mediante Decreto Ejecutivo, se fijará la política para el control de precios de la canasta básica familiar, la misma que regirá hasta diciembre del 2020 con el fin de evitar la especulación.

Escolaridad​

En cuanto a la educación, los padres de familia cuyos hijos estudien en centros privados y que hayan perdido su trabajo, recibirán apoyo para reducción de la pensión y, si deciden retirar a sus hijos, tendrán garantizado un cupo en el sistema público. Además, se contempla la posibilidad de que los planteles puedan hacer una reducción de sus pensiones de hasta el 25%.

Salud

El veto parcial prohíbe la la terminación de pólizas de salud o medicina prepagada por atrasos de hasta 60 días adicionales a lo establecido en el contrato.

Emprendedores 

Respecto al apoyo para emprendedores y la reactivación económica y productiva, el Jefe de Estado determinó que se den facilidades para que los empleadores que tengan pendientes el pago de valores a la seguridad social entre marzo y junio, puedan cancelarlos sin multa y sin recargo. Para quienes cuentan con afiliación voluntaria, se establecerán mecanismos como la renovación de convenios de pago. La norma también crea incentivos tributarios para que las instituciones del sistema financiero otorguen créditos y haya refinanciamiento o reestructuración de deudas pendientes.

Vuelos a Galápagos

Uno de los temas que también generó reacciones de diversos sectores fue el referente a la posibilidad de que los aeropuertos de las Islas Galápagos reciban vuelos internacionales. Al respecto en el veto se establece que serán las autoridades involucradas, entre ellas los ministerios de Ambiente, Turismo, Salud y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, quienes elaboren informes técnicos en los que se evalúe la factibilidad de esta opción.

Pensiones vitalicias​

Finalmente, la objeción parcial también garantiza que las pensiones para los exmandatarios de la República no se entreguen a quienes no hayan concluido su periodo por las causales dispuestas en la Constitución y por haber sido sentenciados en delitos como cohecho, peculado y otros. La Asamblea Nacional deberá analizar y resolver el veto enviado por el Ejecutivo, en el que también se contemplan facilidades en los trámites que se requieren nuevos emprendimientos. El Parlamento tiene 30 días de plazo.

Fuente: El Comercio

Presos del centro de detención provisional de la cárcel de Turi protestaron porque aseguran que temen por sus vidas, que el coronavirus ya es un huésped más en este centro de rehabilitación social y no tienen como controlarlo. Afuera, sus familiares están desesperados.

La red social de mensajería WhatsApp habilitó una función para realizar videollamadas con hasta 50 participantes. Hace poco el servicio de mensajería solo permitía cuatro personas en las videoconferencias. Utilizar esta nueva modalidad es muy sencillo. En cualquier conversación o chat hay que tocar el icono del clip, con el que usualmente adjuntamos video, imágenes, documentos, audios o contactos.

Ahora se agregó un círculo en el que dice ‘sala’. Eligiendo ‘sala’ este se dirige a Facebook Messenger en donde se podrá crear una sala de conversación en la que es posible la participación de hasta 50 personas. Una vez creada la sala el enlace de esta se debe compartir con quienes ingresarán a la videollamada.

Para terminar la conversación se debe finalizar la sala. El enlace se desactivará y no será posible volver a usarlo. La nueva utilidad se trata de una fusión entre WhatsApp y Facebook.

Además es posible acceder a esta función desde el teléfono celular o desde la aplicación de WhatsApp web en una computadora. Quien cree la sala deberá tener cuentas en Facebook y Messenger, mientras que los participantes pueden dirigirse a la sala de la videollamada sin la obligatoriedad de contar con perfiles en esas redes sociales.

Fuente: El Comercio

Con la iniciativa de la Gobernación de la provincia, y el apoyo de la Universidad Técnica  Particular de Loja, UTPL, se realizó la presentaron oficial de una página web que tiene como objetivo difundir el proceso estadístico de los datos de COVID19. La plataforma digital permitirá una respuesta acertada durante el proceso de toma decisiones en la emergencia sanitaria. La página se mantendrá en constante actualización en tiempo real, informando las acciones de las instituciones del Estado.

Durante la  rueda de prensa, la Representante del Ejecutivo en Loja, se refirió sobre los resultados de los operativos de seguridad y control que realizan Intendencia General de Policía, comisarías y tenencias políticas con el apoyo de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otras entidades.

Link: https://covid-19-loja-smartland.hub.arcgis.com/

La prensa peruana informó el lunes 8 de junio del 2020 de al menos un fallecido y tres heridos tras la caída de una avioneta de matrícula ecuatoriana en el centro poblado El Bendito de la provincia de Zarumilla, en Tumbes. A la zona del accidente aéreo desplazó personal de la Policía Nacional y el Ejército Peruano, dijo el Diario Perú21.

Según información preliminar de la Comisaría sectorial de Zarumilla, el accidente ocurrió a las 6:30 con cuatro tripulantes a bordo a un kilómetro del centro de salud Campoamor. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo que en la nave accidentada en Perú iban dos personas relacionadas a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos.

.@PoliciaEcuador colabora con su par en el Perú, pues entre los heridos se encontrarían dos personas relacionadas a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos. #CeroImpunidad https://t.co/b0JalKwjCs

— María Paula Romo (@mariapaularomo) June 8, 2020

 La Secretaria de Estado aseguró que las personas investigadas se encuentran entre los heridos. Según la Dirección de Aviación Civil (DAC), la verdadera matricula de la aeronave accidentada es HC-BLO, pues en fotografías emitidas por medios locales de Perú se observa que la matricula fue alterada y la convirtieron en A0-BCQ. Las mismas gráficas muestran que al interior de la aeronave iban maletas de mano, que tras el siniestro quedos esparcidas en el piso.

Diario EL COMERCIO de Perú dice que al interior de las maletas había vestimenta. Además, la publicación indica: “Se presume que el fallecido es el piloto de la nave”.

La policía peruana investiga cual era el objetivo de este vuelo, pues se desconoce si su ruta era ingresar o salir del Perú, teniendo en cuenta que el accidente se registra a menos de 30 minutos de distancia de la frontera con el Ecuador. Romo dijo que la Policía ecuatoriana colabora con su par de Perú.

En la plataforma oficial denominada Parque Aeronáutico Ecuatoriano se indica que la nave siniestrada estaba registrada para operaciones de fumigación y pertenecía a una camaronera, cuyas oficinas están asentadas en Guayaquil. El año de fabricación era 1980.

Fuente: El Comercio