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Julio 29, 2026
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Neyba Cuenca
El segundo debate del proyecto de Ley Orgánica que garantiza la interrupción del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación tendrá lugar el próximo martes 25 de enero del 2022, a las 09:00, en el Pleno de la Asamblea.
La presidenta de esta Función, Guadalupe Llori (PK) hizo la convocatoria este 18 de enero, a menos de 48 horas después de que la Comisión de Justicia entregara el informe. La discusión se dará en modalidad presencial, a pesar de que en estas tres semanas el Parlamento se acogió al teletrabajo por la pandemia.
Tal como sucedió en el primer debate, se prevé que las bancadas dejen en libertad a sus asambleístas para una decisión, debido a la falta de acuerdos en temas sensibles como la temporalidad, requisitos y objeción de conciencia de los médicos.
En relación con la temporalidad, el informe de mayoría aprobado con siete votos en la Comisión de Justicia sugiere que en el caso de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar hasta las 22 semanas de gestación.
En el caso de las mujeres de 18 años en adelante podrá aplicarse este procedimiento hasta las 20 semanas de gestación (5 meses); y, para aquellas con discapacidad mental se aplicarán los protocolos ya establecidos por el Ministerio de Salud, agrega.
Sin embargo, los asambleístas Sofía Espín (UNES), Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Dalton Bacigalupo con un informe de minoría propondrán al Pleno otros plazos: hasta seis semanas de gestación para mujeres adultas, y de 12 semanas para niñas, adolescentes menores a 18 años de edad, mujeres de la ruralidad y mujeres con discapacidad.
Para aprobar este proyecto, la Asamblea requiere de 70 votos. El presidente Guillermo Lasso ha anticipado que vetará este cuerpo legal, si el Parlamento va más allá de la sentencia con la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto por violación en abril pasado.
El Comercio
El Prefecto Cléver Jiménez, recorrió el cantón Yacuambi con la finalidad de constatar en territorio el avance de importantes obras que se desarrollan en la zona, beneficiando a cientos de productores y ganaderos. Entre los proyectos visitados se encuentran: proyecto de asfalto 28 de Mayo-Muchime; construcción de dos puentes carrozables en la cuenca de Chivato y la apertura de la vía hacia El Salado.
En lo que concierne el proyecto de asfalto, el Prefecto verificó los trabajos e indicó que en coordinación con el Gerente de la empresa Vialzachin E.P, implementarán nuevos frentes de trabajo para avanzar con la construcción de la base y sub base. En lo que corresponde conectividad vial, constató la construcción del puente sobre el río Yacuambi con dirección a Chivatos, el cual tiene el 95% de avance, con una inversión de USD 440.000,00. Otro puente carrozable se edifica sobre el río Salado paso a Bellavista, tiene el 35% avance, y se invierte USD 329.000,00.
Vicente Ávila, presidente de Bellavista, expresó su gratitud con la Prefectura, por cumplir con los compromisos asumidos con estas comunidades, argumentó que una vez se concluyan las obras en la zona de Chivatos, llegarán más proyectos productivos y turísticos, puesto que la vialidad es el eje de desarrollo más importante. También dijo que los productos como plátano, yuca, papa china, queso, leche, entre otros, serán transportados de una mejor manera hacia los mercados de Yacuambi y la provincia.
Posterior a ello la primera autoridad provincial, visitó la comunidad La Esperanza de la parroquia Tutupali, donde socializó a los habitantes del sector las obras que se van a ejecutar este 2022, explicando que todos los proyectos se han vendido coordinando con los Gobiernos Parroquiales para optimizar recursos y no duplicar funciones.
Prefectura de Zamora Ch.
A través del Decreto 327, el presidente Guillermo Lasso dispuso que la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se reduzca a 0 (cero) en el Ecuador, para la importación de hidrocarburos.
“La medida aplica a las transferencias, envíos o traslados de divisas al exterior, en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza para las importaciones de hidrocarburos, biocombustibles y gas natural”, señala el documento firmado el lunes 17 de enero del 2022, que tiene un artículo, así como dos disposiciones y una transitoria.
La exención del pago de ese tributo incluye las compensaciones que se realizan con o sin intermediación de instituciones del sistema financiero, señala el Presidente sobre los alcances en el artículo 1 del Decreto.
Para ejecutar la resolución, el Primer Mandatario dispuso que el Servicio de Rentas Internas (SRI) modifique las resoluciones de carácter general y actualice los formularios para aplicar a reducción al 0 por ciento. El ente de control tributario tiene 15 días para realizar estos ajustes.
La medida entrará en vigencia a partir de la publicación en el Registro Oficial y el SRI deberá establecer las resoluciones que regulen los “plazos y condiciones para que las entidades financieras remitan la información referente a las devoluciones efectuadas en el caso que esto fuera necesario”, detalla del Decreto.
El ISD es uno de los impuestos que más aporta a la recaudación. Entre enero y noviembre de este año le significó al Fisco USD 1 095,5 millones, con lo que se superaba la meta prevista para este 2021, según datos del SRI.
La resolución del Gobierno se toma a días de que se cumpla un mes del anuncio de la reducción progresiva del ISD, con la cual el tributo bajará un cuarto punto porcentual cada trimestre de este 2022, hasta llegar al 4%.
El Comercio.
Gobierno tramitó libertad de más de 740 presos por otorgamiento de derechos penitenciarios
Enero 18, 2022A través del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), el Gobierno ha tramitado la libertad de más de 740 personas en los últimos quince días.
La intención es otorgar los derechos penitenciarios a las personas que están privadas de la libertad y ya tienen derecho a la prelibertad, por ejemplo. “Estamos tratando de impulsar un proceso de pacificación, de tranquilidad en el país, para lograr ese ansiado desarrollo”, agregó.
En julio pasado, el mandatario dijo que el plan es liberar a 5.000 presos con el otorgamiento de sus derechos penitenciarios, con el fin de reducir el hacinamiento en las cárceles.
El presidente Guillermo Lasso mencionó este dato al ser consultado sobre la posición del Gobierno y el bloque oficialista de Creando Oportunidades (CREO), en la Asamblea, respecto a las más de 300 amnistías que tramita el Legislativo.
“La actitud del Gobierno y la que yo influiría en el bloque oficialista es favorecer un ambiente de pacificación en el país”, dijo Lasso.
El Gobierno también trabaja en un proceso de pacificación en el interior de las cárceles a través de una comisión ciudadana y el fortalecimiento institucional del SNAI.
El censo penitenciario para realizar la caracterización de la población en las cárceles, la inversión en infraestructura carcelaria y proyectos de reformas penales y reglamentarias son tres ejes más del Gobierno, en los que trabaja con el objetivo de lograr la pacificación y el cese de la violencia en los centros de privación de la libertad.
Todas estas reformas al sistema penitenciario del país surgen a raíz de la ola de violencia que ha provocado, solo en el 2021, más de 300 presos asesinados en las cárceles.
El Universo
En la sesión ordinaria llevada a cabo este 11 de enero de 2022, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió aprobar la creación de 12 zonas electorales y la actualización de otras 12, ubicadas en siete provincias del país: Esmeraldas, Loja, Los Ríos, Napo, Pichincha, Tungurahua y Zamora Chinchipe. Este procedimiento se cumple enmarcado en la organización de las Elecciones Seccionales 2023 y elección de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Andersson Silva, director provincial, junto al equipo de Procesos Electorales y Participación Política, realizaron los recorridos por las parroquias de Nuevos Horizontes, El Progreso, Bellavista, La Diversión, La Guayusa y La Palma, pertenecientes al cantón Chinchipe las cuales fueron aprobadas por las autoridades del CNE para ser nuevas zonas electorales.
Para ello el equipo de la delegación estableció una verificación en el propio territorio, así como reuniones con dirigentes y pobladores del lugar para inspeccionar los posibles recintos electorales, como sus adecuaciones, mobiliarios, baterías sanitarias, acceso a internet, alumbrado y seguridades del sector.
Estas nuevas zonas electorales beneficiarán a los habitantes de estas comunidades quienes en los próximos comicios del 2023 podrán ejercer su derecho al voto más cerca de su lugar de residencia, disminuyendo de esta forma el ausentismo en los procesos democráticos.
CNE.
En el país, ventas de noviembre regresan a niveles prepandemia, signo de recuperación económica, dice la CIP
Enero 17, 2022Un nuevo indicador de que la economía se reactiva son los niveles de ventas del sector privado en el país registrados en noviembre del 2021.
De acuerdo con un informe de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), las ventas totales (ventas locales y exportaciones) del sector privado alcanzaron $ 15.454 millones en noviembre de 2021, según las cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI). Este monto es 18,01 % mayor al registrado en noviembre de 2020. Con relación a noviembre de 2019, el crecimiento es del 5,87 % ($ 857 millones). “Esto quiere decir que las ventas se han recuperado a los niveles prepandemia”, indicó la Cámara en su informe.
Adicionalmente, de enero a noviembre de 2021, las ventas del sector privado suman $ 156.291 millones, equivalentes a un crecimiento del 20,2 % ($ 26.297 millones) frente al mismo periodo de 2020. Mientras que, al comparar los datos con las ventas del acumulado enero-noviembre de 2019, el incremento es del 1,8 % ($ 2.757 millones).
De acuerdo con Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), “la recuperación en el nivel de ventas del sector privado a niveles prepandemia refleja un mayor nivel de actividad económica, lo cual ha sido posible gracias a los esfuerzos por la vacunación y un mejor entendimiento de los efectos de las restricciones y aforos”.
El representante gremial también indicó que estamos viviendo un efecto rebote luego de los peores efectos de la pandemia. Considera que para lograr un ciclo económico en forma de V, y evitar una W o una L, tenemos que seguir con la vacunación y con las medidas de bioseguridad.
Al mirar las cifras con mayor profundidad, por tipo de contribuyente, se observa que las ventas de las empresas (sociedades) se ubicaron en $ 12.765 millones, es decir, 21,19 % en relación con noviembre de 2020. Comparando estas ventas con noviembre de 2019, las ventas locales registran un incremento del 11,84 %. Las ventas acumuladas de este segmento (enero-noviembre de 2021) superan en 22,3 % respecto del mismo periodo del año anterior. Pero el crecimiento comparado con 2019 es de 6 %.
El reporte de la Cámara indica que en el periodo enero-noviembre del 2021 las ventas correspondientes a personas naturales también crecieron en 13 % y las de la economía popular y solidaria se incrementaron en 9 %. Sin embargo, no ocurrió lo mismo si se compara el 2019 con el 2021. Ahí se registra una caída de 11 % y 10 %, respectivamente.
Al desagregar las ventas locales se observa que las ventas no gravadas con el impuesto al valor agregado (IVA), que en su mayoría corresponden a productos de primera necesidad, registran una variación positiva de $ 661 millones (21,3 %) en noviembre de 2021 respecto de 2020. Las ventas gravadas con IVA, que están más asociadas con el ciclo económico, presentan un crecimiento de $ 1.123 millones (18,5 %) en relación con el mismo mes del año anterior.
En noviembre de 2021 la mayor parte de provincias registraron crecimiento en las ventas del sector privado, a excepción de Bolívar, Pastaza y Los Ríos. Las provincias que más incrementaron sus ventas respecto de noviembre de 2020 son Galápagos (122 %), seguida de Zamora Chinchipe (62 %) y Carchi (42,3 %). Pichincha crece el 15 % en facturación, Guayas el 20,4 % y Azuay registra un incremento de 16,9 %.
En cuanto a los sectores de actividad, ninguno registra decrecimiento en su nivel de ventas. El sector de comercio reporta un aumento del 21,7 % ($ 9.254 millones), construcción alcanza un crecimiento en la facturación del 23,3 % ($ 539 millones) y manufactura con crecimiento del 23,2 % ($ 4.758 millones).
El Universo.
El pasado viernes 14 de enero el alcalde de Nangaritza, Fredy Armijos Pérez, realizó la inauguración y entrega oficial de la cancha de uso múltiple en el barrio Warints, parroquia Nankais. Simultáneamente, también entregó el sistema de agua tratada que beneficia al barrio San Pedro, Warints y Los Achos.
Alfonso Nankamai, presidente del barrio Warints, destacó la importancia de la obra, puesto que así se dinamizan las actividades deportivas de niños, jóvenes, adultos y todos quienes hacen deporte en el sector.
Fredy Armijos Pérez, alcalde de Nangaritza, manifestó que una prioridad de la administración es dotar a las comunidades con infraestructura deportiva, con lo que se impulsa el deporte y las actividades de recreación.
La inversión en la cancha de uso múltiple es de $12,797.93; y en el sistema de agua tratada: $12,096.07.
GAD Municipal de Nangaritza.
En el salón de sesiones de la Municipalidad de Gualaquiza se instaló una mesa de trabajo donde trataron el mal estado vial de la parte sur de la troncal amazónica y los pendientes económicos a través del FINGAD II y III, que adeuda el Gobierno Nacional por la devolución del IVA a los GADs (Parroquiales y Prefecturas). Asistieron las autoridades de los cantones Méndez, San Juan Bosco, Gualaquiza, Prefecto de Morona Santiago y el Prefecto de Zamora Chinchipe.
Los presentes se refirieron al tramo Méndez-San Juan Bosco-Limón Indanza hasta Gualaquiza, de Morona Santiago y en Zamora Chinchipe, la construcción del puente carrozable sobre la quebrada Cayamatza acceso al cantón El Pangui.
“El problema es en general, no solo para Zamora Chinchipe. Tenemos problemas con la vialidad interna y también con las vías de orden estatal dentro de nuestra provincia. Si bien se debe exigir lo que corresponde, pero lo que no puede resolver el gobierno central debe buscarse alternativas para afrontarlo desde los gobiernos descentralizados, hay que plantear la manera de resolver las premuras que apremian a nuestros ciudadanos”, manifestó el Prefecto Cléver Jiménez.
Para el prefecto de Morona Santiago Rafael Antuni, por el incumplimiento del Gobierno Nacional no es posible continuar con algunas obras. “Aspiramos que nos devuelvan el IVA y cumplir con los objetivos trazados”. De la misma manera exhortó a la entidad correspondiente, que se atienda la vialidad estatal de su provincia.
Elaboraron un documento al Gobierno Nacional suscrita por las dos Prefecturas, GADs Municipales y Parroquiales para que a través del Ministerio de Obras Públicas se dé el mantenimiento a la red vial de la troncal amazónica, de manera especial el tramo antes mencionado. Existe la predisposición de las dos Prefecturas para aportar con el contingente para dicho mantenimiento.
Insistir al Gobierno Nacional que el tramo Plan de Milagro Loma de la Virgen (Morona Santiago) de 1Km, conste en el plan del eje vial nacional. Elaborar una carta de inconformidad por el incumplimiento de los acuerdos firmados FINGAD II y III por la devolución del IVA a los diferentes niveles de gobierno, y se cumplan en este año los compromisos establecidos.
- A la prefectura de Zamora Chinchipe, el estado nacional le adeuda 5 millones de dólares.
- FINGAD son convenios de financiamiento, cuyo objetivo es establecer formas de pago de valores que se adeudan a los GADs.
Prefectura de Zamora Ch.
El próximo martes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) tiene previsto analizar y definir la fecha en la que arrancarán las movilizaciones indefinidas, que anunció su presidente Leonidas Iza, para exigir al gobierno de Guillermo Lasso el cumplimiento de sus seis demandas.
El pasado 11 de enero, la Conaie convocó a un consejo ampliado a sus organizaciones de base, como son la Ecuarunari, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice).
Después de más de ocho horas de debate, la Conaie resolvió que este martes, 18 de enero, se instalaría una asamblea nacional, posiblemente en Quito y que sería presencial, para analizar cuándo arrancarán las protestas que serán indefinidas, como lo advirtió Iza en diciembre pasado.
Los motiva exigir al presidente Guillermo Lasso que cumpla con la agenda de seis puntos que se planteó en la reunión de noviembre pasado, entre las que está la revisión de los precios de la gasolina extra y del diésel. Su propuesta es que el galón de gasolina se reduzca de los $ 2,55 a $ 2,10 y el diésel de $ 1,90 a $ 1,50.
Piden la renegociación de las deudas y la reducción de las tasas de interés del sistema financiero; garantizar precios de sustentación y compras públicas de los productos campesinos; políticas públicas concertadas con sectores sociales y el movimiento indígena para la generación de empleo digno y parar frenar la precarización laboral.
Además, que se resuelva sobre la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva petrolera y minera; la plena garantía de cumplimento y vigencia de los derechos colectivos, consulta previa vinculante, formalización y protección de territorio y libre determinación.
A estos pedidos sumaron su rechazo a la privatización de los sectores estratégicos, como del Banco del Pacífico, y empresas públicas de telecomunicaciones y eléctricas.
Otra de las resoluciones tomadas en este consejo fue la de instalar una asamblea nacional en febrero próximo para analizar la situación de la educación intercultural bilingüe, el presupuesto que se asigna para su ejecución, la autonomía y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y reformas.
Esta asamblea del martes se efectuaría un día antes de la convocatoria a una protesta nacional que planteó el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) (para el 19 de enero), la cual está por definirse si se realizará debido al incremento de contagios de coronavirus en el Ecuador.
El Universo.
Con 116 votos a favor, la Asamblea se ratificó en las reformas al Código Ingenios, que fueron objetadas por el Ejecutivo. Los cambios apuntan a reestructurar las deudas que mantienen los beneficiarios de becas y créditos educativos con el Estado.
La resolución se dio este jueves 13 de enero del 2022. Según el presidente de la Comisión de Educación, Manuel Medina (Pachakutik), la reforma favorecerá a 9 200 personas que adeudan USD 64 millones por estos rubros.
“El objeto de la ley implica generar facilidades de pago bajo un régimen especial que permita que los becarios y beneficiarios de créditos y ayudas económicas que hayan incumplido sus contratos dado que actualmente por las disposiciones del Código Orgánico Administrativo no pueden suscribir convenios de pago apegados a la realidad del país”, explicó.
El legislador añadió que esta normativa, que en los próximos días irá al Registro Oficial, “también permite combatir las graves sanciones e inhabilidades generadas por el incumplimiento del pago de créditos educativos” y crear condiciones que permitan liquidar los contratos de becas.
La reforma abarca a dos artículos, una disposición general, dos disposiciones transitorias y tres disposiciones reformatorias del Código Ingenios. Con ello, el asambleísta independiente Jhon Vinueza manifestó que podrán actuar los funcionarios de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) y atender las solicitudes de los becarios, sin temor a glosas de la Contraloría.
La asambleísta Patricia Núñez (Unes) detalló que, al momento, 8 348 personas adeudan a la Senescyt por concepto de becas y créditos educativos y que, además, existen 6 940 procesos coactivos en trámite. Rechazó que el Ejecutivo haya observado que no se han establecido garantías reales o personales a los deudores.
La legisladora Isabel Enríquez (PK) precisó que no se trata de condonar deudas, sino de ofrecerles facilidades para que puedan cumplir con sus compromisos.
Así, por ejemplo, quienes adeudan hasta USD 2 000 tendrán hasta 18 meses de plazo para pagar el crédito, aquellos que adeudan desde USD 2001 hasta USD 5 000, unos 27 meses; y aquellos que adeudan de USD 55 001 en adelante hasta 240 meses, según la tabla aprobada por la Legislatura.
Los votos a favor provinieron de todas las bancadas, menos del oficialismo que se abstuvo, sin intervenir en el debate.
La Comisión de Educación, en su informe no vinculante, consideró que la objeción parcial presentada por el Ejecutivo resultaba “ajena a la realidad por la que atraviesan miles de becarios y estudiantes que han accedido a créditos de estudio y, sobre todo, ajena a la crisis económica y laboral por la que atraviesa el Ecuador”.
La reforma incluye una disposición para que “en el término de 45 días contados a partir de la publicación de la presente ley”, la Senescyt ajuste su normativa para la aplicación.
“Los deudores de créditos educativos, becas y ayudas económicas que se encuentran en procesos coactivos por parte de la institución pública encargada de la administración de becas, seguimiento y asesoría académica, instituciones de educación superior públicas o entidades del sector financiero privado y que se encuentren pendientes de resolución, podrán acogerse al régimen especial de facilidades de pago establecido en esta ley, y las medidas cautelares que hayan sido dictadas dentro de los mismos quedarán sin efecto”, precisa.
El Comercio.
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